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INDICE
Opinión
Conducción
de automóviles
Confidencialidad
y Secreto
Consentimiento,
Información, Competencia e Instrucciones Previas
Derechos
Humanos y Bioética.
Estrés
Postraumático y Victimología
Legislación
Responsabilidad
Profesional
Salud
Laboral
Suicidio
Toxicomanías
Violencia
Varios
Páginas
web
Congresos
Revistas
Libros
Opinión:
Peritajes
A primeros del mes de mayo se hizo pública
una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que recibió una considerable
atención durante unas semanas. La
cuestión había sido planteada por la asesoría jurídica del Colegio de Médicos
de Asturias, a la que varios psiquiatras de instituciones penitenciarias y médicos
forense expusieron que los tribunales les requerían para actuar como peritos en
procesos penales. Uno de estos profesionales, al que se había requerido como
perito en un caso de asesinato, dirigió a la Audiencia Provincial de Oviedo un
escrito en el que mostraba su intención de renunciar al encargo, alegando que
había atendido como paciente al acusado, por lo que a su entender era aplicable
el artículo 41.3 del Código Deontológico, que impide peritar sobre el propio
paciente.
La respuesta de la Audiencia fue que la
obligación legal de peritar no tiene ninguna excepción y prevalece sobre las
disposiciones deontológicas. En sus propias palabras, esta obligación "no
puede dejarse sin efecto por una sesgada interpretación de un artículo del Código
de Ética y Deontología Médica. En definitiva, una obligación establecida
legalmente no puede resultar dispensada por una norma de naturaleza meramente
corporativa". En definitiva,
prevalece el deber de colaborar con la justicia recogido en el artículo 118 de
la Constitución (Es obligado cumplir las sentencias y demás
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración
requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto).
La polémica resolución ha dado lugar
a una controversia que ha sido especialmente cubierta por Diario Médico,
en cuyas páginas hemos podido leer una crítica
de expertos a la sentencia, recordando, entre otros aspectos, que las
resoluciones de los tribunales superiores de justicia no crean jurisprudencia.
En las mismas páginas, César Borobia. Profesor de Medicina Legal de la
Universidad Complutense, revisa
la cuestión haciendo hincapié, entre otros aspectos, en que la respuesta
de la Audiencia es técnica, abstracta, y que probablemente si
el médico psiquiatra que planteó la pregunta “hubiera explicado al tribunal
su labor en el centro y la necesidad clínica de mantener el máximo secreto de
lo que el paciente le hubiera contado; posiblemente, el tribunal lo habría
entendido”, solucionándose así el problema.
Por último, Onésimo González, en Peritos
Compulsivos, aborda la importancia de las obligaciones de los médicos (y
los derechos de los pacientes)a la hora de esclarecer la espinosa cuestión de
si un médico asistencial puede ejercer como perito de su paciente.
El artículo concluye una referencia a las opiniones del profesor Muñoz Conde defendiendo el derecho a
no declarar como testigo, “o la sentencia del Tribunal Supremo de Estados
Unidos según la cual los psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas están
exentos de declarar sobre lo que sus pacientes les han comunicado durante el
tratamiento, dado que está en juego garantizar la confidencialidad que permite
la terapia”.
Al margen de las necesidades de la Justicia y del deber que como
ciudadanos tenemos de atender a sus requerimientos, uno tiene la sensación de
que no resultaría muy difícil evitar que un médico asistencial pase por el
trago de tener que defender su deber de confidencialidad respecto del material.
Las pericias psiquiátricas deberían correr a cargo de peritos médicos,
preferentemente psiquiatras, con lo que no debería recurrirse a los médicos
asistenciales. Y de la misma manera
que se invoca la Constitución para obligar al médico a cooperar con la
Justicia, no menos puede recordarse que la misma Carta Magna consagra el derecho
a la intimidad personal. O que por
mucho que el marco del secreto profesional sea diferente para sanitarios y
abogados, si la información que recoge por el médico asistencial en un
contexto fiduciario es vertida en un Tribunal, se violenta no sólo la relación
sanitaria, sino probablemente el derecho del paciente / acusado a no declarar en
su contra.
A
pesar de que despierta cuestiones de gran trascendencia a nivel asistencial, ético
y legal, lo cierto es que con el paso de las semanas la polémica se ha
enfriado, dejando la impresión de que estas cosas pasan (o estas respuestas se
reciben) por preguntar. Parece que
resulta mejor capear el temporal confiando en que cuando nos citan como peritos
quieran decir testigos (algo muy frecuente en mi experiencia), o que el Tribunal
acceda a aceptar nuestras excusas o incluso nuestra referencia un tanto hipócrita
a un Código Deontológico que no siempre tenemos en cuenta.
J.M.
Conductores viejos. American
Medical News ha publicado un artículo
sobre el papel
de los médicos enl el asesoramiento a conductores ancianos.
En el mismo artículo se citan dos links de interés, a los recursos
de la AMA sobre seguridad de conductores ancianos, y otro a la página
de la National Highway Traffic Safety Administration con información a
conductores ancianos, que contiene consejos para personas con problemas básicamente
oculares. Clinical Geriatrics ha
publicado otro artículo, sobre valoración
médica del conductor anciano que incluye un apartado “neuropsicológico”.
Efecto
de la actividad mental sobre la conducción.
Un estudio realizado en España, Publicado en la relevante revista Journal
of Experimental Psychology, Applied, y muy comentado en los medios de
comunicación, ha demostrado que la
actividad o el esfuerzo mental puede interferir en la eficacia al volante.
Bases
de datos centralizadas. En nuestro último
número nos hicimos eco de la controversia que ha despertado el sistema Osabide
del Servicio Vasco de Salud – Osakidetza con su base de datos clínicos
centralizada. Recientemente la Comisión de Libertades Informáticas
(CLI), la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (SCMFIC), la Red
Española de Atención Primaria,la Plataforma Diez Minutos, la Sociedad Española
de Médicos Generalistas (SEMG) y la Federación de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP), bajo el auspicio de la Organización Médica
Colegial (OMC) han presentado un ‘Manifiesto en defensa de la confidencialidad
y el secreto médico’, en unas jornadas en las que como se recoge en Diario
Médico y en El
Médico se ha alertado sobre los peligros que conllevan las bases de
datos centralizadas. Por cierto,
que se ha sabido que la
Agencia de Protección de Datos ha abierto un procedimiento de infracción a
Osakidetza por el proyecto "Osabide".
El expediente
no
cuestiona el sistema, sino que se debe a cuestiones técnicas sobre la gestión
de incidencias y soportes externos así como al registro de acceso
Una
visión británica de la Confidencialidad. La revista Advances
in Psychiatric Treatment publicó en 2002 un artículo, recientemente
accesible para no suscriptores, sobre confidencialidad
y seguridad de la información en la práctica clínica psiquiátrica.
También puede ser interesante el documento del Royal
College of Psychiatrists titulado “Good
psychiatric Practice: Confidentiality”, accesible a texto completo.
¿Quién
debe ser el árbitro de la intimidad personal de los pacientes? En la sección de Tribuna
de Diario Médico Carmen Sánchez Carazo
ha publicado un artículo en el que aborda la espinosa cuestión del acceso a
los datos de la historia clínica por instancias judiciales. La autora aboga
porque en los casos en que el paciente no autorice expresamente la entrega de su
historia al Juez se debería solicitar que se explicite a qué parte de la
historia se desea acceder. A su
juicio, la autoridad judicial no es árbitro de la intimidad de los pacientes,
sino que esta función recae en el propio paciente y en el centro asistencial
que elaboró la historia y en la cual está depositada.
Consentimiento,
Información, Competencia e Instrucciones Previas
Los
pacientes que solicitan el alta voluntaria asumen los riesgos.
Según recoge Diario Médico, una sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia ha manifestado que el
enfermo que pide el alta voluntaria asume las complicaciones derivadas del
tratamiento incompleto de su enfermedad.
A la luz de la nueva Ley
41/2002, sin embargo, parece difícil el alta voluntaria por negativa al
tratamiento, ya que este texto legal establece que “el hecho de no aceptar el tratamiento
prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos
alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el
centro sanitario y el paciente acepte recibirlos”. En Psiquiatría, en todo caso, ante una demanda habría que
poder demostrar que tras una evaluación del paciente se le consideró
competente para solicitar el alta voluntaria.
Más
comentarios a la Ley 41/2002.
En este caso, un artículo sobre Derechos
y Obligaciones en materia de autonomía privada, información y documentación
clínica, por Joan C Seuba Torreblanca y Sonia Ramos González,
de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, publicado en la
revista InDret.
Capacidad de comprensión del menor.
Recogemos de Diario Médico un
comentario del magistrado de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia Joaquín Moreno Grau en el sentido de que corresponde
al médico valorar la capacidad de comprensión del menor para tomar decisiones
autónomas.
En su opinión el nuevo texto modifica notablemente el concepto previo
sobre la capacidad de toma de decisiones del menor, ampliándolo notablemente.
Consentimiento
informado y correo electrónico.
La Telemedicina aporta interrogantes y riesgos importantes, casi siempre
ligados a la confidencialidad. Diario
Médico recoge que según el
Servicio de Responsabilidad Profesional del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona para comunicarse con los pacientes a través de correo electrónico es
necesario informarles y obtener su consentimiento informado, aclarando su
finalidad, riesgos y posibles beneficios.
Así se desprende de un informe, titulado Las nuevas tecnologías en la
medicina. El correo electrónico.
Derechos
Humanos y Bioética.
Esterilización
de asociales. Un artículo
de Muñoz Conde en la Revista Electrónica de
Ciencia
Penal y Criminología
TEPT
en ancianos.
A partir del caso de una superviviente de un campo de concentración
nazi, Clinical Geriatrics revisa
en un breve artículo el trastorno por Estrés Postraumático en ancianos,
con especial hincapié en su abordaje farmacológico. El artículo invita a visitar la web del National
Center for Posttraumatic Stress Disorder.
Dudas
sobre la eficacia del abordaje psicológico inmediato al trauma.
Son las que levanta un trabajo
británico que ha revisado las políticas de counselling y debriefing.
Merecerá la pena tenerlas en consideración en una época en la que
desde muchos servicios sanitariso se están diseñando políticas de intervención
psicológica ante desastres.
Alteraciones cerebrales y Estrés Postraumático. Un trabajo
publicado
en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ en el que se siguió
a 25 supervivientes del atentado con gas sarín ocurridos en el metro de Tokio
en 1995, nueve de los cuales afectados habían desarrollado Trastorno por Estrés
Postraumático, ha encontrado en los afectados una reducción del córtex
cingulado anterior. El volumen neuronal perdido guardaba relación con la
gravedad del cuadro. No se ha
podido determinar si el hallazgo es consecuencia del trauma o si se trata de un
factor de vulnerabilidad.
Legislación
Juicios
rápidos. Diario
de Noticias hay publicado un interesante monográfico sobre los Juicios
Rápidos.
Importancia
de las reclamaciones. Según
se recoge en Diario Médico, un
17% de los médicos se han visto implicados en procesos judiciales,
al tiempo que las reclamaciones
presentadas por cuestiones médicas, han aumentado nada menos que un 859 por
cien en las dos últimas décadas. En
este contexto y a pesar de su sesgo social y cultural resulta interesante un artículo
del Cleveland
Clinic Journal of Medicine
que recomienda lo que un médico
debe hacer y no debe hacer si es objeto de una demanda.
El problema no es trivial, sobre todo si se tiene en cuenta que asistimos
a una auténtica espantada de las aseguradoras de un mercado, el de la
responsabilidad civil de los sanitarios, que amenaza con resultar ruinoso (hay
un interesante informe
de El Médico al respecto). Paralelamente,
la Asociación el Defensor del Paciente (ADEPA),
reclama el endurecimiento
de las penas previstas para las negligencias médicas y en su tarea
reivindicativa puede aventar un aumento aún mayor de las reclamaciones.
Hay
que reseñar, aunque se refiera a una demanda en Ginecología, una sentencia de
la Audiencia Provincial de Toledo que establece que la
historia clínica y los informes periciales, así como el seguimiento de los
protocolos, son las mejores armas que puede usar el médico en su defensa.
Igualmente
merece la pena destacar un Informe
sobre Responsabilidad legal en Medicina Familiar y Comunitaria que puede
encontrarse en El Médico.
La inhabilitación profesional no da
derecho a cobrar el paro. Así lo ha determinado en una sentencia
recogida por Diario Médico el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. La
sanción penal, según la sentencia, no extingue la relación del facultativo
con su empresa sanitaria (en este caso, el Servicio Andaluz de Salud), sino que
la suspende.
La
Ley 41/2002 y las reclamaciones.
El
Médico reseña unos comentarios del
abogado Javier Sanchez Caro, anterior
responsable de los servicios jurídicos del Insalud acerca de las nuevas
obligaciones que acarrea al médico la Ley 41/2002 en materia de información al
paciente y de documentación clínica. En
su opinión estas obligaciones “suponen
un nueva dimensión en la actividad asistencial y, entre otras derivaciones, una
potencial herramienta en manos de los pacientes a la hora de plantear denuncias
y reclamaciones”. Como contrapunto, planteó que el nuevo texto legal les
confiere “más poder”.
Salud
Laboral
Fatiga
crónica e incapacidad laboral.
Leemos
en Diario Médico que un Juzgado de los Social de Barcelona ha
concedido una incapacidad absoluta a una mujer cuyas lesiones, según la
sentencia, son "Síndrome de fatiga crónica postinfección
por virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, grado II-IV". La reclamante
solicitaba el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta derivada de
enfermedad profesional, subsidiariamente de enfermedad común. Según la sentencia, las dolencias de la reclamante le
impiden realizar su actividad laboral habitual como enfermera, así como
cualquier otro tipo de actividad profesional, ya que tiene pérdida de memoria,
trastornos visuales e insomnio, debilidad muscular y disminución de la volición.
Más
sobre Mobbing: Como en otras ediciones del Newsletter,
asistimos al éxito de la idea de mobbing y a su irrupción en la escena
judicial. La lectura de Diario
Médico aporta semana tras semana datos interesantes que merece tener en
cuenta. Pablo Aramendi, magistrado – juez titular del Juzgado de lo
Social número 33 de Madrid, publicó un comentario sobre la delimitación
del concepto de mobbing, invitando a que se diferencie claramente entre un
acosos moral (o mobbing propiamente dicho) y un acoso laboral propio de “jefe tirano”
que no cumple esos requisitos. Una
sentencia del Juzgado Número 7 de lo Social de Murcia profundiza también en la
diferencia
entre acoso moral y lo que denomina “tensiones laborales”.
A esta matización podemos unir otro valioso artículo publicado en Diario
Médico y ya comentado en nuestro número anterior, acerca de lo
que los jueces consideran mobbing. Estas
contribuciones pueden dar rigor y seriedad a un concepto con un éxito reciente
excesivo, como lo prueba el hecho de que se haya afirmado que el mobbing aumentó
un 200% en el segundo semestre de 2002.
Burnout,
Enfermedad laboral y sanitarios. El llamado burnout
y el estrés laboral al que están sometidos los sanitarios es un problema al
que se concede creciente atención. Destacamos
unas noticias recientes al respecto.
Diario Médico llama la atención sobre el hecho de que el
burnout sanitario puede ser una enfermedad profesional, por lo que es
preceptiva la formación en su prevención.
Dos decisiones judiciales recientes abundan en esta consideración.
Un Juzgado sevillano ha dictado una sentencia que reconoce
como accidente de trabajo el fallecimiento por infarto agudo de miocardio de
un médico de Atención Primaria, al que en su momento se había diagnosticado
un 'burnout' como consecuencia de su trabajo en un centro de salud
. La sentencia destaca que
“el personal de Atención Primaria invierte una gran cantidad de tiempo
en una involucración intensa con los pacientes y compañeros de trabajo” y
que “frecuentemente, la relación con el paciente conlleva problemas psicológicos
y socioeconómicos que complican la solución del problema médico del
enfermo”. Incluso se afirma que
“el estrés es parte intrínseca del sistema de Atención Primaria”.
Por su parte, el Juzgado de
lo Social Número 1 de Alicante ha sentenciado que un FEA
de cuidados intensivos que se encuentra en situación de incapacidad
permanente absoluta para todo trabajo. El fallo afirma que "el médico
padece una depresión grave derivada de accidente laboral", en este caso
burnout.
Por
último, una sentencia del Juzgado Social número 7 de Granada que recoge Diario
Médico estima que una
baja motivada por una situación de presión laboral que dio lugar a un cuadro
de ansiedad y depresión constituyó un accidente de trabajo.
Suicidio
en residencias de ancianos. Un
estudio realizado en Canarias, ha encontrado una tasa relativamente alta en
residencias, con un alto grado de eficacia, evidenciado por una tasa de
suicidios consumados respecto de tentativas en torno a 1:1 (Anía BJ,
Chinchilla E, Suárez-Almenara JL, Irurita J.
Intentos de suicidio y suicidios consumados por los ancianos de una
residencia. Rev Esp Geriatr Gerontol 2003; 38: 170-4)
Suicidio
y antidepresivos. El American
Journal of Psychiatry publicó
en abril un artículo sobre el riesgo
relativo de suicidio con diferentes familias de antidepresivos.
Para ello, analizó los datos de la FDA referidos a ensayos clínicos con
9 antidepresivos de nueva generación, encontrando tasas de suicidio comparables
en pacientes que habían tomado antidepresivos nuevos, clásicos o placebo.
Riesgo
de suicidio al alta hospitalaria.
El Journal of Clinical Psychiatry ha publicado recientemente un
trabajo realizado en Hong-Kong acerca del riesgo
de suicidio tras alta psiquiátrica (en este caso, de unidades en hospitales
generales). Aunque probablemente
sus hallazgos no pueden generalizarse a nuestro medio, se apreció un elevado
riesgo de suicidio en el primer año de alta, en especial en el primer mes.
El riesgo era mayor en mujeres y adultos jóvenes y no estaba ligado a
diagnósticos específicos (Ho TP. The suicide risk of discharged psychiatric patients.
J Clin Psychiatry 2003; 64: 702-7).
Toxicomanías
“Placebo
alcohólico”. Dos psicólogas
neozelandesas han demostrado que pensar
que se ha tomado bebidas alcohólicas puede afectar la memoria y el juicio al
igual que una intoxicación. El
estudio fue resumido
en El MundoSalud. (Assefi SL,
Garry M. Absolut memory distortions: alcohol placebos influence the misinformation
effect. Psychol Sci 2003;14: 77-80)
Pruebas
de alcoholemia. Recogemos
un artículo de la abogada Aurelia María Romero en la revista El
Peritaje Médico Forense sobre Presunción
de Inocencia y Pruebas de Alcoholemia.
Violencia
Percepción
alterada en asesinos psicópatas.
Un reciente artículo de Nature
ha puesto en evidencia asociaciones
cognitivas anormales acerca de la violencia en asesinos psicópatas.
Hemos visto que se publicó también un comentario
en Diario Médico.
Peritajes.
Una sentencia del Tribunal Supremo recogida en Diario
Médico, establece que el
informe del Forense es válido para una incapacitación civil, ya que aunque
no tenga la especialidad de psiquiatría dispone de los conocimientos necesarios para detectar las anomalías
psíquicas de una persona.
También en Diario
Médico encontramos que un Juzgado de Oviedo ha
establecido que realizar una prueba
pericial exige comprobar el estado del paciente y que los informes
periciales no vinculan a los tribunales.
Páginas
Web
Tribunal
Supremo: http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo/
La
página del Tribunal Supremo Español permite una visita guiada a la exposición,
y cuenta con una amplia sección de jurisprudencia. Destaca asimismo su sección de biblioteca y documentación y
sus vínculos a páginas de instancias y publicaciones judiciales.
XII
Congreso Nacional de Psiquiatría Legal.
Criminalidad, Psiquiatría y Ley. Almagro,
12, 13 y 14 de noviembre de 2003.
Reunión
Anual de la American Academy of Psychiatry and the Law, en San Antonio, Texas.
16
al 19 de octubre de 2003.
Información
en http://www.emory.edu/AAPL/meetings.htm#next_mtg
Revistas
Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.
Artículos de temática jurídica y ética, de autores de prestigio.
Accesible a texto completo, cuneta también con una sección de vínculos
a revistas jurídicas y criminológicas en internet: http://criminet.ugr.es/recpc/
Evaluating Competencies: Forensic Assessments and Instruments, Second
Edition, de Thomas
Grisso, con Randy Borum, John F. Edens, Jennifer Moye, and Randy K. Otto.
New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003, 541 páginas.
Presentamos la segunda y recientísima
edición de Evaluating Competencies: Forensic Assessments and
Instruments de Thomas Grisso. Al igual que la primera edición, de 1986, revisa varias áreas:
competencia para ser juzgado, valoración
de actos criminales, capacidad para parentalidad, tutela, consentimiento
informado, introduciendo nuevos instrumentos y mecanismos de valoración.
Al margen de la validez de los instrumentos en nuestro medio, representa
el libro es muy útil como guión en la valoración de diferentes capacidades.
De
Lorenzo y Montero, Ricardo. Manual práctico de la Ley de Autonomía de
los Pacientes para Psiquiatras. Madrid: Saned SA, 2003.
Distribuido por Laboratorios Ferrer.
El prestigioso abogado y Presidente de la Asociación
Española de Derecho Sanitario Ricardo de Lorenzo y Montero ha escrito una breve
y práctico manual para familiarizar a los psiquiatras con la Ley 41/2002.
El tono claro y didáctico de la obra y su abundante documentación la
convierten en una ayuda amena y ágil para hacerse con los fundamentos y la
esencia de la nueva Ley.