La medicina soviética y el problema de la confianza pública en los médicos: 1921-1929

16 de abril de 2025

El artículo examina cómo la relación entre médicos y pacientes en la Unión Soviética se vio afectada por la desconfianza pública durante la década de 1920. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, el gobierno soviético implementó un sistema de salud universal basado en principios socialistas, prometiendo atención médica para todos los ciudadanos. Sin embargo, esta promesa generó altas expectativas y cambios sistémicos que desestabilizaron la relación médico-paciente.

Durante los años 20, los profesionales de la salud se enfrentaron a un público desconfiado y, a menudo, violento. Las revistas médicas de la época documentaban casos de médicos, enfermeras y asistentes maltratados por pacientes o sus familias. Estos relatos promovían la imagen de médicos asediados por un público mal informado y frecuentemente armado. Ejemplos como el de un esposo que amenazó con disparar al cirujano de su esposa si la operación no tenía éxito, alimentaron una narrativa de vulnerabilidad médica y se utilizaron para abogar por protecciones adicionales.

A mediados de la década, el término "epidemia" se utilizaba para describir el nivel de agresión contra los médicos. En respuesta, las instituciones médicas retiraron objetos pesados de las salas para evitar que los pacientes los usaran como armas. Algunos médicos llevaban armas y otros abordaban a sus pacientes con cautela, temiendo acusaciones de mala praxis.

Un caso destacado de esta atmósfera tensa fue el asesinato en 1927 de la doctora Evgeniia Esterman en Járkov, Ucrania. Esterman fue asesinada por Neonila Kochetova, una tipógrafa cuya hija murió bajo el cuidado de la doctora. Kochetova acusó a Esterman de diagnosticar erróneamente la condición de su hija y de tardar demasiado en llamar a un especialista. Justificó su acto como una forma de evitar que Esterman tratara a otros pacientes en el futuro. El juicio resultante, que se llevó a cabo ante una multitud en el club local de trabajadores metalúrgicos, terminó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de cinco años de prisión.

Además, los médicos judíos y aquellos educados antes de la revolución enfrentaron sospechas avivadas por el antisemitismo y las campañas periódicas del régimen contra los enemigos de clase. Un evento notable fue el "juicio de los médicos" de 1929 en Járkov, donde los acusados fueron señalados por promover el nacionalismo ucraniano, conspirar para envenenar a sus pacientes comunistas y explotar la confianza fundamental otorgada a ellos como sanadores. Este ambiente de miedo disuadió a algunos ciudadanos soviéticos de buscar atención médica, exacerbando la desconfianza en el sistema de salud.

La desconfianza pública en la medicina soviética durante este período tuvo profundas implicaciones políticas y sociales, afectando tanto la práctica médica como la percepción pública de los profesionales de la salud.

El caso de los médicos soviéticos nos recuerda hoy que ganarse y mantener la confianza es un proceso continuo de negociación que solo está parcialmente controlado por la comunidad médica.

Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.