Conflicto de intereses financieros no divulgados en el DSM-5-TR

La Sala Social del TSJ de Extremadura ha condenado al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar a una médica agredida por falta de medidas de prevención de riesgos. La sentencia es importante para la protección de los profesionales sanitarios frente a las agresiones, al poner el foco no solo en la responsabilidad del agresor, sino también en el incumplimiento de la Administración sanitaria de sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales. A partir de esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se pone de relieve una vía jurídica que permite exigir responsabilidades al sistema cuando no se han adoptado medidas adecuadas para proteger a su personal (exigencia de medios). El caso concreto se refiere a una médica de atención primaria del Centro de Salud Urbano I de Mérida que fue víctima de una agresión verbal por parte de un paciente en enero de 2022, en el contexto de la aplicación de los protocolos vigentes sobre pruebas diagnósticas de covid-19. Tras ser insultada públicamente en el propio centro sanitario, los tribunales penales reconocieron los hechos y otorgaron una primera indemnización. No obstante, la facultativa decidió ir más allá y demandar al Servicio Extremeño de Salud por vulneración de su derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al no existir un plan de prevención de riesgos ni medidas disuasorias eficaces frente a las agresiones. La sentencia destaca que la demandante, en su condición de coordinadora del centro durante varios años, había advertido reiteradamente a la Administración sobre la elevada conflictividad del entorno laboral, sin que se adoptaran medidas correctoras. Esta inacción fundamenta la condena al SES, al apreciarse una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, que da lugar a una indemnización de 10.000 euros. Más allá de la cuantía económica, el texto subraya el valor simbólico y preventivo de este tipo de resoluciones, pues visibilizan el incumplimiento legal de la Administración y refuerzan la idea de que la jurisdicción social, a la que estos conflictos acceden desde 2011, constituye un cauce más ágil y favorable para la tutela de los derechos de los profesionales sanitarios (a diferencia de la via contencioso-administrativa donde estaba antes este tipo de demandas).

Los trastornos de dolor visceral, como el síndrome de intestino irritable, presentan una prevalencia marcada en mujeres. La señalización aumentada entre las células enterocromafinas (EC) en el epitelio intestinal y las fibras nerviosas sensitivas mucosas probablemente contribuye a este sesgo sexual. En este estudio se identifica una vía paracrina sensible al estrógeno en la que dos tipos de células enteroendocrinas, las células L que expresan el péptido YY (PYY) y las células EC serotoninérgicas, se comunican para aumentar la sensibilidad intestinal en mujeres. Los resultados indican que la señalización de estrógenos aumenta el receptor de ácidos grasos de cadena corta Olfr78 del metabolito bacteriano en las células L del colon, aumentando la liberación de PYY y su sensibilidad al acetato. Un PYY elevado actúa sobre las células EC vecinas mediante NPY1R, aumentando así la liberación de serotonina y el dolor intestinal. Los autores proponen que las fluctuaciones hormonales, junto con factores internos (estrés) o ambientales (dieta), amplifican este circuito colónico local sensible al estrógeno, resultando en una sensibilidad intestinal desadaptativa. Comentado en IM Medico .