Congreso SEPL del 9 al 11-6-2022: un gran salto adelante

5 de junio de 2022

La Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL)  acaba de cumplir treinta años. Desde su fundación, siempre hemos estado presentes en nuestro congreso anual, una cita que ya es obligada dentro del calendario de actividades científicas de la comunidad psiquiátrica española.


Esta semana empezamos nuestro próximo congreso anual en Palma de Mallorca, el 9 de Junio de 2022. Estamos cerrando los últimos preparativos y creemos que va a ser un gran paso adelante en nuestra sociedad. El volumen de inscripciones que hemos tenido ha desbordado todas nuestras expectativas. Más de trescientos psiquiatras y otros profesionales acudirán a nuestro congreso.


Creemos que hoy en día, más que nunca, hace falta una sociedad como la nuestra, abierta, que busca profundizar en la psiquiatría y las diferentes interacciones que tiene con la Ley, la Bioética, los Derechos Humanos, la Sociología, las ideologías, etc. En un momento de cambio importante en la sociedad española, y en nuestra profesión, es importante que haya una institución como la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Nuestros socios son psiquiatras que están en el mundo real, tomando decisiones difíciles, dando opinión pericial en asuntos de gran trascendencia. Por ello, los debates en el congreso tiene gran profundidad, y pueden servir de orientación a muchos colegas.


Cualquiera que haya acudido a nuestros congresos sabe del ambiente especial que suele haber. Re-encuentros con viejos amigos, compañeros de promoción del Máster en Psiquiatría Legal de la UCM, salas llenas de asistentes, debates intensos sobre temas de actualidad. Somos una sociedad que busca no solo dar datos científicos, sino ayudar a reflexionar, y a argumentar, a los psiquiatras en las decisiones difíciles que hay que tomar en la práctica cotidiana. No se trata solo de divulgar de manera sencilla los cambios que trae una nueva ley. En nuestros debates buscamos también que los asistentes al congreso entiendan que se abren escenarios nuevos en los que hay que repensar el papel del psiquiatra, analizar los valores de la profesión, y buscar la mejor manera de tomar decisiones de forma prudente, y bien argumentada.


En los últimos tres años la SEPL ha emprendido un proceso de renovación en sus procesos de gestión, y de digitalización. Nuestra web tiene más de 80.000 usuarios únicos anuales, y emitimos una newsletter gratuita que llega diariamente a más de dos mil personas. Todo esto se consigue gracias a un equipo de socios que dedican, desinteresadamente, muchas horas a generar noticias de interés. Nuestra Newsletter se ha convertido en un medio de comunicación de referencia en la psiquiatría española. Muchas gracias a Miguel Hernández Viadel, a Esperanza Almenta, y al pionero en el proyecto, Juan Medrano, por su trabajo. Damos la gracias también a la empresa que nos da soporte en la web, y que ha demostrado una gran solidez. Tampoco podemos olvidarnos de las empresas que han patrocinado algunas de nuestras actividades, y que nos han ayudado a financiar los costes de la plataforma tecnológica que utilizamos. Gracias a todos.


Esperamos saludaros en Palma. Y al resto de psiquiatras españoles os decimos que la Sociedad Española de Psiquiatría Legal es vuestra casa, y que podéis contar con nosotros cuando necesitéis un espacio de debate tranquilo en el seno de una organización totalmente independiente.


Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.