El XXX Congreso Nacional de la SEPL reúne en Palma a más de 350 profesionales

10 de junio de 2022

Palma acoge desde hasta el sábado 11 de junio, el XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL), que se celebra  bajo el lema “La Responsabilidad en Psiquiatría”.

Más de 350 psiquiatras procedentes de toda España se dan cita estos días para participar en el evento en el que se están abordando cuestiones de máxima actualidad entre las que figuran la elaboración de los informes periciales para la propuesta de medidas de apoyo para la discapacidad; el presente y futuro de la criminología; la prevención en el ámbito de la psiquiatría penitenciaria; la eutanasia y trastorno mental; separaciones contenciosas y su repercusión en la asistencia a los menores.



El presidente de la SEPL, el Dr. José Carbonell, ha sido el encargado de inaugurar el congreso junto a Sonia Vidal, decana de los Juzgados de Palma, y Miquel Roca, decano de la Facultad de Medicina de la UIB, quienes han destacado el record de asistencia en la treintava edición del congreso y el excelente trabajo que realiza la SEPL con la organización de eventos en los que se tratan cuestiones que están en el punto de mira y que necesitan de un profundo debate.



El Congreso se ha iniciado esta mañana con dos talleres, el primero sobre Responsabilidad Social en Psiquiatría, en el que ha intervenido Javier Moreno Alemán, socio fundador de MBE abogados, quien ha destacado que entre el 50 y 70% de los eventos adversos en servicios sanitarios son evitables y ha señalado una notable caída de negligencias médicas y, por tanto, de reclamaciones.



En el segundo taller, sobre Hospitalización Psiquiátrica: coerción y derechos fundamentales, han intervenido la Dra.Blanca Morera Pérez, vicepresidenta de la SEPL, y Magíster en Psiquiatría Legal UCM y la Dra. Julia Cano Valero, psiquiatra en práctica privada y Magíster en Psiquiatría Legal UCM.



En su intervención, la Dra. Morera ha puesto de manifiesto que el ingreso psiquiátrico involuntario es una circunstancia excepcional, realizada siempre por indicación médica, y que la involuntariedad no supone la limitación de otros derechos fundamentales de la personas con trastorno mental.



En este sentido ha destacado que el ingreso voluntario debe ser siempre la primera opción y los psiquiatras tienen una preocupación cada vez mayor por preservar los derechos de los pacientes.



La jornada ha continuado por la tarde con una mesa redonda sobre Informes periciales para la propuesta de medidas de apoyo para la discapacidad, en la que han intervenido Javier Pallarés Neila, Director de Apoyos y Ámbito Penitenciario, Fundación Manantial; y el Dr. Alfredo Calcedo Barba, Psiquiatra, Profesor Titular de Psiquiatría UCM, Hospital Gregorio Marañón, y Director del Magister en Psiquiatría Legal UCM.



En dicha mesa se han analizado los cambios que supone la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, basándose los cimientos de la nueva ley en el principio de respeto de voluntad, deseos y preferencias de la persona frente al principio que primaba anteriormente del superior interés de la persona con discapacidad.



A continuación ha tenido lugar la conferencia Criminología: presente y futuro, que ha pronunciado Santiago Redondo Illescas,  Catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y criminólogo, quien ha cerrado la primera jornada del congreso. Redondo ha destacado en su intervención que España tiene una criminalidad media-baja y una de las tasas comparativas más bajas del mundo. Ha asegurado que la convivencia humana supone un dilema constante y los mejores protectores de la violencia son la empatía y el autocontrol.




Cuidados paliativos y de residencia para personas privadas de libertad

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.

Suicidio adolescente tras la prohibición total del aborto a nivel estatal

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.

Europa avala suspender de sueldo a ciertos profesionales por no vacunarse

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.