El Ministerio del Interior utiliza una treta para contratar médicos 'ilegales' en las cárceles

Artículo de opinión que cuestiona la existencia de una verdadera “epidemia de autismo”. Aunque los diagnósticos han aumentado de forma muy notable durante las últimas décadas (aumento de casi cinco veces en la prevalencia del autismo entre 2000 y 2022, de 67 a 322 casos por cada 10.000 niños), el autor sostiene que este crecimiento no demuestra necesariamente que haya más niños con autismo grave. Podría explicarse, sobre todo, por la ampliación de los criterios diagnósticos y por una mayor identificación de casos leves. Los datos analizados muestran que, entre 2000 y 2016, aumentaron especialmente los diagnósticos en niños sin deterioro funcional significativo. En cambio, los casos moderados o graves disminuyeron durante ese mismo periodo. Esto hace improbable que el incremento global responda a una nueva causa ambiental, ya que, en ese caso, cabría esperar un aumento en todos los niveles de gravedad. El texto también critica que algunas investigaciones utilicen cuestionarios respondidos por los padres como sustitutos de una evaluación clínica completa. Rasgos como preferir estar solo, tener dificultades para hacer amigos o ser considerado “raro” pueden relacionarse con el autismo, pero no constituyen por sí mismos un diagnóstico. Según el autor, la aparente epidemia refleja una tendencia cultural e institucional hacia el sobrediagnóstico de dificultades infantiles comunes. Por ello, propone evitar discursos alarmistas, utilizar criterios psiquiátricos más consistentes y concentrar los recursos sanitarios en problemas de salud claramente demostrados. ( humanprogress.org )

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal que una empresa reduzca los incentivos económicos de sus trabajadores por ausencias relacionadas con una enfermedad o con el cuidado de familiares. El caso analizado afectaba a un sistema de retribución variable que premiaba la asistencia al trabajo y descontaba determinadas faltas justificadas. El tribunal reconoce que las empresas pueden adoptar medidas para combatir el absentismo, pero advierte de que no pueden hacerlo vulnerando los derechos fundamentales. Penalizar económicamente las bajas médicas supone tratar peor a quienes se ausentan por razones de salud y puede constituir una discriminación por enfermedad. Además, descontar los permisos destinados al cuidado de hijos o familiares puede provocar una discriminación indirecta hacia las mujeres, ya que siguen asumiendo mayoritariamente estas responsabilidades. Por ello, el Supremo considera que los sistemas de incentivos deben excluir del cómputo estas ausencias protegidas y respetar las leyes sobre igualdad de trato y conciliación familiar. La resolución corresponde a la Sentencia del Tribunal Supremo 522/2026, de 29 de mayo. ( abogadostameram.es )