Manipulación y fraude en ensayos clínicos de la industria farmacéutica

18 de junio de 2024

Entrevista de varios expertos en sanidad al Profesor Joan-Ramon Laporte, catedrático de Farmacología y Terapéutica, donde aporta numerosas reflexiones recogidas en su último libro, "Crónica de una sociedad intoxicada" y describe el estado de la cuestión en torno a ensayos clínicos fraudulentos y falta de seguimiento de los efectos adversos de los medicamentos.

Se recomienda una lectura completa y tranquila del artículo (también está disponible en vídeo) y para los huérfanos de tiempo os entresaco algunas frases/ párrafos:

“No podemos confiar en la investigación publicada porque es selectiva, porque está manipulada y porque es fraudulenta … cada vez se van limitando más las exigencias o los requisitos para autorizar un nuevo medicamento, y esto se une a lo que contaba antes del fraude y la manipulación...

Por cierto, hace pocas semanas la agencia de regulación británica, que para los europeos hasta hace 10 o 15 años era un modelo de seriedad, ahora es un ejemplo de payasada y ha cambiado el proceso. Ya no les llama procedimientos de autorización y evaluación de medicamentos, les llama algo así como procedimientos de acompañamiento y ayuda para la comercialización. Es ponerse a los pies de las compañías para ayudarlas en el camino para llegar al mercado. Contribuye la propia agencia británica a algo de lo que hablo así un poco de pasada en el libro, pero que me parece que es filosóficamente interesante, que es la perversión del lenguaje. Se habla de evidencia para hacer referencia a indicios, de seguridad para hacer referencia a los efectos adversos, de regulación, que en realidad es facilitación... el 86 por 100 del presupuesto de la Agencia Europea del Medicamento es pagado por la industria farmacéutica… el 83 o 84 por 100, no recuerdo exactamente, del presupuesto de la FDA de medicamentos es aportado por la industria farmacéutica, quizá esto nos ayude a entender por qué el regulador se ha convertido en un servidor de los laboratorios, y, cada vez menos, es una garantía de protección de la salud pública … Agencia Española del Medicamento ingresa dinero por el hecho de evaluar medicamentos para la EMA … todos los reguladores tienen una relación demasiado promiscua con la industria...

En Estados Unidos, la mitad de los miembros del Congreso y del Senado tienen acciones que Pfizer les ha regalado. Desde tiempos de Ronald Reagan la corrupción está legalizada, solo hay que declarar lo que te dan. Ahora hay un senador, Bob Menéndez, que está en juicio porque escondió lo que le habían dado varias compañías, entre ellas farmacéuticas.

En el juicio en el que está ahora Donald Trump sobre cómo se intentó sobornar a una actriz para que no reconociera su relación con el expresidente, quien pagó a la actriz para que se callara no fue Trump, ni su abogado, (aunque su abogado intervino), fue Novartis y el director de Novartis en Estados Unidos dimitió poco después de que se supiera este escándalo en 2017. Resulta que el mismo abogado de Trump, era el abogado de Novartis, mira qué casualidad. Este abogado tenía una empresa tapadera a la que Novartis ingresó el dinero para que se lo hicieran pasar a la actriz. Es un ejemplo del nivel de corrupción en el poder político y en el legislador. Cuando hablo de Estados Unidos lo digo por dos motivos, el primero porque las legislaciones en Estados Unidos sobre estas cuestiones tarde o temprano acaban difundiéndose, a veces diluidas al resto del mundo, y, segundo, porque es curioso que en Estados Unidos se sepa de tantos casos de corrupción y en otros países no sabemos absolutamente nada, como si aquí estas cosas no ocurrieran.

Comentario personal: vaya por delante que no soy un experto en la materia como los participantes en la entrevista, pero por opinar que no quede. Entiendo que el deseo de conseguir ensayos clínicos ajenos a cualquier otro interés que no sea otro que conocer los resultados del estudio, me parece un interés irrenunciable, pero vivimos en una sociedad de mercado donde lo que manda es el dinero y no creo que los estados estén en condiciones de invertir en investigación con los mismos recursos que las empresas farmacéuticas.

Sin olvidar el gran beneficio social que aportan las compañías farmacéuticas con el descubrimiento de nuevos tratamientos, es importante poner límites al posible abuso de la ambición humana.

Quizás lo más importante sea exigir trasparencia (“seguir la pista del dinero”) y una legislación que penalice de forma significativa conductas delictivas, como ocultar información a sabiendas del daño que ocasiona. O quizás al final tendrá que ser el usuario quien exija en la farmacia que le den el fármaco de otra compañía farmacéutica que sí tenga un comportamiento ético y ejemplar con la sociedad.


Por Alfredo Calcedo 15 de diciembre de 2025
En medio de una campaña presidencial marcada por la preocupación por la inseguridad, el presidente Gabriel Boric lanzó una afirmación que sacudió el debate: en Chile mueren más personas por suicidio que por homicidio . Lo que podría parecer un dato técnico se convierte en un llamado urgente a mirar la salud mental como un problema de primer orden. “De una se habla mucho, de la otra se habla poco”, dijo Boric, subrayando la necesidad de abordar el tema con firmeza. Mientras la sensación de inseguridad crece por la presencia de bandas criminales y delitos violentos, las cifras oficiales muestran que los homicidios han disminuido respecto al año anterior. Esto implica que la violencia autoinfligida continúa representando una carga mayor desde la perspectiva de salud pública. En promedio, Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio. Desde 2018, el suicidio se mantiene como la principal causa de muerte violenta en Chile. En 2024 se registraron 1.984 suicidios frente a 1.207 homicidios. La tasa de suicidio chilena, de 10,5 por cada 100.000 habitantes, supera el promedio mundial y se ubica entre las más altas de América Latina, aunque por debajo de Uruguay. Este fenómeno, que a inicios del siglo XX era marginal, hoy representa cerca del 2% de las muertes totales. El perfil predominante es masculino: cuatro de cada cinco suicidios son cometidos por hombres, especialmente adultos mayores. Factores como mayor acceso a métodos letales, consumo elevado de alcohol, baja tolerancia a la frustración y escasa búsqueda de ayuda psicológica explican esta brecha. Entre los mayores de 80 años, la tasa alcanza cifras alarmantes: 31,1 por cada 100.000 en hombres, frente a 1,4 en mujeres. Aunque se ha logrado reducir el suicidio juvenil gracias al Programa Nacional de Prevención del Suicidio, persisten riesgos crecientes en hombres adultos y mayores, agravados por aislamiento, soledad y precariedad económica. Las regiones del sur, como Aysén y La Araucanía, presentan tasas consistentemente superiores al promedio nacional. En este contexto, la salud mental ha entrado tímidamente en la agenda electoral. Jeannette Jara, candidata presidencial, ha puesto énfasis en el tema desde su experiencia personal: su primer marido se suicidó poco después de casarse. “Un fallecimiento por suicidio es un duelo casi eterno”, afirma. Su historia humaniza un problema que, pese a su magnitud, sigue siendo menos visible que la violencia delictiva. Chile enfrenta así un desafío silencioso: cómo integrar la salud mental en las políticas públicas y romper el estigma que rodea a quienes más lo necesitan
Por Alfredo Calcedo 15 de diciembre de 2025
La falsificación de partes médicos de baja laboral constituye un delito grave tipificado como falsedad en documento oficial , según el Tribunal Supremo. Este criterio se aplica incluso cuando la manipulación se realiza sobre documentos digitales que simulan ser auténticos. El caso analizado ilustra esta situación: un trabajador, diagnosticado inicialmente con gastroenteritis y con baja médica el 6 de junio de 2017, alteró digitalmente ese parte para justificar una ausencia el día siguiente. Posteriormente, envió otro documento falso el 12 de junio, alegando correcciones, sin presentar nunca los originales, solo archivos modificados por correo electrónico. El tribunal debía resolver si la alteración de copias digitales equivalía a falsedad en documento oficial. La jurisprudencia aclara que las fotocopias alteradas suelen considerarse documentos privados, salvo que simulen un documento oficial. En este caso, los partes médicos, aunque transmitidos telemáticamente, son oficiales porque los emite la Seguridad Social. Por ello, la falsificación digital se sanciona con la misma severidad que la física. El Supremo subraya que lo determinante no es el medio técnico, sino la naturaleza y finalidad del documento. Aquí, la simulación buscaba un beneficio económico indebido: el trabajador percibió 31,96 euros por días no justificados. La sentencia concluye que se cometió falsedad en documento oficial, imponiendo seis meses de prisión, multa y penas accesorias, destacando la gravedad del fraude y la necesidad de proteger la autenticidad administrativa. Finalmente, se menciona que desde abril de 2023 ya no es obligatorio entregar los partes médicos a la empresa, aunque sí comunicar la baja para organizar el trabajo, según la reforma laboral y resoluciones recientes. Este caso marca un precedente sobre la validez y protección de documentos oficiales, independientemente de su formato.
Por Alfredo Calcedo 15 de diciembre de 2025
El Parlamento de Nueva Gales del Sur (Australia) ha publicado el primer informe estatal sobre los efectos de la pornografía en la salud mental, emocional y física, desafiando la idea generalizada de que todo contenido pornográfico es dañino. La investigación, impulsada por el Comité Permanente de Asuntos Sociales, reunió voces diversas: investigadores, educadores, padres, organizaciones religiosas, trabajadoras sexuales, colectivos feministas, la industria del entretenimiento para adultos y jóvenes. Esta pluralidad permitió un análisis matizado de una cuestión polémica: ¿cómo afecta la pornografía a los adolescentes? El informe concluye que la pornografía no es “inherentemente perjudicial”, y que su impacto depende del tipo de contenido, el contexto y la persona que lo consume. Reconoce riesgos como la distorsión de la intimidad, la perpetuación de estereotipos de género y la influencia en la percepción del consentimiento, aunque la evidencia sobre estos efectos sigue siendo contradictoria. También señala que el acceso temprano es común: la exposición accidental ocurre en torno a los 11 años y la búsqueda intencionada, a los 13, principalmente mediante internet. Ante la falta de una educación sexual que aborde el tema, muchos jóvenes recurren a la pornografía para informarse, especialmente quienes no se ven representados en los programas escolares, como la juventud LGBTQIA+. Lejos de ser consumidores pasivos, los adolescentes muestran capacidad crítica: cuestionan la falta de consentimiento, la erotización de la juventud y la prevalencia de categorías de pornografía por ejemplo pornografía de "familia reconstituida”. Algunos incluso proponen estándares más éticos en la industria. El informe recomienda más investigación, formación para docentes y apoyo a padres, fomentando conversaciones abiertas y sin juicios. Sugiere que las escuelas superen mensajes simplistas y dialoguen con la comprensión que los jóvenes ya poseen. En definitiva, plantea un enfoque educativo y social que reconozca la complejidad del fenómeno, en lugar de demonizarlo.