Prohibir las redes sociales a menores de 16 años, ¿mejorará su salud mental?
El anuncio del presidente Pedro Sánchez, realizado en Dubai durante la Cumbre Mundial de Gobierno, de impulsar una normativa que prohíba el acceso de menores de 16 años a las redes sociales ha desencadenado un amplio debate entre especialistas en pediatría, psiquiatría y salud pública. Las reacciones, inmediatas y diversas, revelan coincidencias en la preocupación por los efectos del entorno digital sobre la salud mental juvenil, aunque difieren en la valoración de la medida y su alcance real.
La Asociación Española de Pediatría celebra la iniciativa al considerar que las redes sociales constituyen un espacio diseñado para maximizar la permanencia del usuario, algo especialmente perjudicial para cerebros en desarrollo. Recuerdan que la evidencia científica vincula el uso precoz e intensivo de plataformas digitales con trastornos del sueño, dificultades de neurodesarrollo, baja autoestima, mayor riesgo de ansiedad y depresión, así como problemas de aprendizaje y socialización. No obstante, afirman que la regulación debe ir más allá de la restricción por edad y orientarse hacia una transformación integral del entorno digital.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental respalda igualmente la propuesta, subrayando que el cerebro adolescente, altamente sensible al refuerzo social, se ve sometido en las redes a un flujo constante de recompensas y comparaciones que pueden exacerbar la vulnerabilidad emocional. Si bien los estudios muestran asociaciones moderadas entre uso problemático y depresión, ansiedad o conductas autolesivas, la dirección causal sigue sin estar plenamente establecida.
Más crítico se muestra José César Perales, catedrático en el departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, quien sostiene que la evidencia es limitada y que fijar la edad en 16 años carece de base científica sólida. Advierte, además, del riesgo de perjudicar a colectivos que encuentran en las redes un espacio esencial de apoyo.
Finalmente, Josep María Suelves, vocal de la junta directiva de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y de Baleares, valora de manera positiva la medida por su potencial para reducir hábitos nocivos y patrones conductuales dañinos, aunque alerta de que su eficacia dependerá de la capacidad real de hacer cumplir la prohibición. Recuerda que si no se garantizan medidas que aseguren el cumplimiento de esa prohibición, podría convertirse en una medida más cosmética que efectiva.





