Riesgo de demencia tras terapia electroconvulsiva
2 de octubre de 2025
La terapia electroconvulsiva (TEC) es la terapia más eficaz para la depresión grave o resistente al tratamiento. Un efecto secundario común a corto plazo son los problemas de memoria, y es importante saber si la TEC aumenta el riesgo de demencia en etapas posteriores de la vida. Los trastornos psiquiátricos graves se asocian con un mayor riesgo de desarrollar demencia, lo que dificulta el análisis del riesgo de demencia. Un pequeño número de estudios previos indica que la TEC no aumenta este riesgo.
El objetivo de este estudio de cohorte fue examinar la asociación entre la TEC y el riesgo posterior de demencia en la población de Gales, Reino Unido.
Conclusiones del estudio
Si bien los análisis preliminares revelaron un mayor riesgo de demencia entre quienes recibieron TEC, una vez considerados los factores de confusión, no se encontró un riesgo estadísticamente significativo de demencia entre quienes recibieron TEC. Estos hallazgos refuerzan las conclusiones de informes previos y brindan mayor tranquilidad a quienes consideran este tratamiento.
El tratamiento con litio reduce el riesgo de episodios recurrentes en el trastorno bipolar (TB) y probablemente también en el trastorno depresivo mayor (TDM), y presenta evidencia de efectos antisuicidas. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de añadir litio al tratamiento durante un año frente a un año con otros tratamientos sin litio, sobre el riesgo de recurrencia de la enfermedad, ideación suicida e intentos de suicidio. Métodos Se comparan 296 pacientes ambulatorios con trastornos mayores del estado de ánimo durante 12 meses de tratamiento sin litio frente a 12 meses con litio incluido. Se analizaron las diferencias en la recurrencia de nuevos episodios de enfermedad, la aparición de ideación suicida y los intentos de suicidio y se estimó el tiempo transcurrido hasta estos resultados mediante análisis de supervivencia. Resultados Al incluir el tratamiento con litio, se observaron reducciones marcadas en las recurrencias de nuevos episodios de trastornos del estado de ánimo (3,12 veces), ideación suicida (4,78 veces) e intentos de suicidio (6,54 veces) tanto en pacientes con TB como con TDM. La latencia hasta estos resultados aumentó significativamente. Conclusiones La adición de tratamiento con litio se asoció fuertemente con una reducción del riesgo y un retraso de la recurrencia clínica, la ideación suicida y los intentos de suicidio tanto en pacientes ambulatorios con TB como con TDM. Los hallazgos respaldan la amplia utilidad del tratamiento con litio en los principales trastornos afectivos. Limitaciones: El tamaño de la muestra fue limitado, especialmente para el trastorno depresivo mayor. Las observaciones fueron naturalistas y sin cegamiento. No se determinaron contribuciones de otros tratamientos distintos al litio. Es posible que los hallazgos no se puedan generalizar a otros entornos.
Este artículo presenta una revisión de la literatura sobre cómo la presencia de enfermedad mental influye en las decisiones judiciales relacionadas con la libertad condicional (pretrial release) en Estados Unidos. Las políticas que rigen la libertad condicional deben basarse en evidencia empírica y buscar un equilibrio entre la protección de las comunidades contra la violencia, la salvaguarda de las libertades de las personas que aún no han sido condenadas por delitos y la protección de las poblaciones vulnerables contra los perjuicios de la cárcel. Hasta la fecha, ninguna revisión ha examinado la literatura sobre si la enfermedad mental per se predice la incomparecencia, el reincidencia o la peligrosidad en las personas liberadas a la comunidad durante el período previo al juicio. El propósito de esta revisión exploratoria de la literatura es comprender mejor si la enfermedad mental se relaciona con estos resultados. Resultados La literatura sobre el impacto de la enfermedad mental en la libertad provisional es escasa y fragmentada. Algunos estudios sugieren que la enfermedad mental sería un predictor de falta de comparecencia para fechas programadas en el juzgado, en particular, la presencia de consumo de sustancias. El consumo de sustancias, los antecedentes penales y la situación laboral y financiera fueron predictores más sólidos de un nuevo arresto durante la libertad condicional que la enfermedad mental. La revisión sugiere que una mejor comprensión del papel de la enfermedad mental podría contribuir a decisiones judiciales más equitativas y basadas en evidencia. Es necesario realizar investigaciones rigurosas adicionales antes de que estas variables puedan servir de base para las decisiones sobre la disposición previa al juicio.
Artículo que ofrece una guía sobre cómo implementar sistemas de videovigilancia en el trabajo sin vulnerar derechos fundamentales, destacando la importancia del equilibrio entre control empresarial y respeto a la intimidad de los empleados. Resumen esquemático: 1. Finalidad legítima La videovigilancia solo puede utilizarse si responde a fines legítimos como garantizar la seguridad, proteger bienes o verificar el cumplimiento de obligaciones laborales. No se permite su uso para fines arbitrarios o invasivos. 2. Principio de proporcionalidad El control mediante cámaras debe ser proporcional al objetivo perseguido. Esto implica que no se puede grabar de forma indiscriminada ni en lugares donde se afecte gravemente la intimidad (como vestuarios, baños o zonas de descanso). 3. Información previa El empleador debe informar de forma clara y visible a los trabajadores sobre la existencia de cámaras, su ubicación y la finalidad del tratamiento de imágenes. Esto se puede hacer mediante carteles informativos y políticas internas. 4. Consentimiento y legitimación No es necesario el consentimiento expreso del trabajador si la videovigilancia se basa en el interés legítimo del empleador, siempre que se cumplan los requisitos legales. Sin embargo, el tratamiento debe estar legitimado conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD). 5. Uso disciplinario de las imágenes Las imágenes captadas pueden utilizarse como prueba en procedimientos disciplinarios, pero solo si se ha cumplido con la obligación de informar previamente. La jurisprudencia avala su uso en despidos, siempre que se respeten los derechos fundamentales. 6. Conservación de las grabaciones Las grabaciones deben conservarse solo durante el tiempo necesario para cumplir su finalidad, y en ningún caso más allá de 30 días, salvo que se requieran para una investigación concreta. 7. Vigilancia oculta La instalación de cámaras ocultas solo se permite en casos excepcionales, como cuando existen sospechas fundadas de conductas ilícitas y no hay otra forma menos invasiva de verificar los hechos. Esta medida debe ser temporal y justificada. 8. Supervisión por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) La AEPD puede sancionar el uso indebido de videovigilancia, especialmente si se vulneran los principios de información, proporcionalidad o finalidad. El artículo cita ejemplos de sanciones impuestas por no informar adecuadamente o por grabar zonas íntimas. 9. Recomendaciones prácticas Se aconseja a las empresas realizar una evaluación de impacto, definir claramente las zonas de grabación, limitar el acceso a las imágenes y establecer protocolos internos para su uso. También se recomienda consultar con expertos en protección de datos.
