Sanidad pone en marcha un estudio pionero de tres años para evaluar el impacto en la salud mental tras la DANA

Francia ha decidido poner fin de forma clara y definitiva a la antigua idea del “deber conyugal”, según la cual el matrimonio implicaba una obligación de mantener relaciones sexuales. Esta noción, que nunca aparecía de manera explícita en el Código Civil pero que algunos jueces habían utilizado para interpretar la “vida en común”, ha sido abolida tras la aprobación de una nueva ley en la Asamblea Nacional, con apoyo unánime. La ley establece que, a partir de ahora, cuando se celebre un matrimonio civil, el funcionario deberá leer una cláusula muy concreta: la vida en común no crea ninguna obligación de mantener relaciones sexuales. Con este gesto simbólico y jurídico, el Estado francés quiere dejar claro que el consentimiento sexual no se presume ni es permanente, ni siquiera dentro del matrimonio. La iniciativa surge en un contexto marcado por una fuerte conmoción social, especialmente tras el caso de Gisèle Pelicot, una mujer drogada por su marido y ofrecida a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella. Durante el juicio, muchos acusados afirmaron que creían tener “permiso”, lo que evidenció la confusión persistente sobre el consentimiento en el ámbito conyugal. Las impulsoras de la ley subrayan que el matrimonio no puede ser un espacio donde el consentimiento se considere automático o eterno. Mantener la idea de un deber sexual equivaldría, según ellas, a legitimar relaciones de dominación y violencia dentro de la pareja. La norma también responde a demandas de jueces y abogados que pedían mayor claridad legal ante casos en los que se cuestionaba la libertad sexual dentro del matrimonio. El texto pasará ahora por el Senado y podría entrar en vigor en verano, como un paso más hacia una cultura basada en el consentimiento y el respeto.

El artículo aborda la necesidad de redefinir las políticas y prácticas vinculadas a la reincorporación laboral después de una incapacidad. En su introducción, el texto critica la visión predominante que concibe el retorno al trabajo como un mero instrumento para reducir el absentismo, acortar las bajas o disminuir costes. Frente a esta mirada reduccionista, propone un modelo centrado en la reintegración saludable, la prevención de recaídas, la adaptación del puesto y la mejora de la motivación y satisfacción del trabajador. Las incapacidades prolongadas —advierte— conllevan no solo un impacto económico sobre empresas, sistemas productivos y protección social, sino también un alejamiento progresivo del entorno laboral, lo que dificulta un regreso estable y sostenible. Asimismo, el artículo destaca los cambios normativos recientes que evitan la automatización del despido tras una declaración de incapacidad, subrayando la necesidad de abordar también el retorno tras la incapacidad permanente. El retorno al trabajo no es: una estrategia para rebajar el gasto en incapacidad temporal ni una herramienta para mejorar la productividad empresarial. Por el contrario, el retorno al trabajo sí es: una política de salud laboral, una medida de protección social, un mecanismo de rehabilitación y sanación, y un derecho a la plena integración del trabajador. Supone adaptar el trabajo a las nuevas condiciones de la persona, consolidar su recuperación funcional y valorar el papel modulador que el empleo ejerce sobre la salud y la calidad de vida. El retorno efectivo, concluye, no consiste en volver sin más, sino en hacerlo de manera saludable, eficaz y duradera, garantizando que el trabajo deje de ser causa de enfermedad para convertirse en un espacio de recuperación y estabilidad.