Francia decide poner fin al "deber conyugal" de mantener relaciones sexuales durante el matrimonio

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un estudio pionero de vigilancia epidemiológica destinado a evaluar el impacto de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024 sobre la salud mental de la población afectada en la Comunitat Valenciana. La iniciativa surge en respuesta a las graves consecuencias humanas y materiales de este episodio de inundaciones, que afectó de manera especialmente intensa a 74 municipios de la provincia de Valencia y a una población aproximada de un millón de personas. El estudio se orienta a analizar de forma sistemática la aparición de síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como su relación con el grado de exposición a la catástrofe y con diversos factores personales, sociodemográficos y de apoyo social. Desde el punto de vista metodológico, se plantea como un estudio de cohorte prospectiva con un seguimiento de tres años. La recogida de datos se estructurará en una fase basal, aproximadamente un año después de la DANA, y en dos oleadas sucesivas a los dos y tres años. La población de referencia incluye a personas mayores de cinco años residentes en zonas clasificadas de impacto medio y alto, de las que se extraerá una muestra representativa superior a 10.000 participantes, tanto adultos como menores. Sus resultados permitirán orientar la planificación de recursos asistenciales y el diseño de medidas preventivas más eficaces, consolidando la vigilancia de la salud mental como un eje prioritario de la salud pública en un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

El artículo aborda la necesidad de redefinir las políticas y prácticas vinculadas a la reincorporación laboral después de una incapacidad. En su introducción, el texto critica la visión predominante que concibe el retorno al trabajo como un mero instrumento para reducir el absentismo, acortar las bajas o disminuir costes. Frente a esta mirada reduccionista, propone un modelo centrado en la reintegración saludable, la prevención de recaídas, la adaptación del puesto y la mejora de la motivación y satisfacción del trabajador. Las incapacidades prolongadas —advierte— conllevan no solo un impacto económico sobre empresas, sistemas productivos y protección social, sino también un alejamiento progresivo del entorno laboral, lo que dificulta un regreso estable y sostenible. Asimismo, el artículo destaca los cambios normativos recientes que evitan la automatización del despido tras una declaración de incapacidad, subrayando la necesidad de abordar también el retorno tras la incapacidad permanente. El retorno al trabajo no es: una estrategia para rebajar el gasto en incapacidad temporal ni una herramienta para mejorar la productividad empresarial. Por el contrario, el retorno al trabajo sí es: una política de salud laboral, una medida de protección social, un mecanismo de rehabilitación y sanación, y un derecho a la plena integración del trabajador. Supone adaptar el trabajo a las nuevas condiciones de la persona, consolidar su recuperación funcional y valorar el papel modulador que el empleo ejerce sobre la salud y la calidad de vida. El retorno efectivo, concluye, no consiste en volver sin más, sino en hacerlo de manera saludable, eficaz y duradera, garantizando que el trabajo deje de ser causa de enfermedad para convertirse en un espacio de recuperación y estabilidad.