Un juez dicta que la responsabilidad de la gestión de las residencias en la pandemia era del Estado, no de la autonomía
22 de noviembre de 2024
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres ha analizado un tema controvertido, el de la competencia de las Administraciones -central o autonómica- en la gestión de la crisis del Covid en las residencias de mayores, y en consecuencia a la posible responsabilidad patrimonial en caso de prestación defectuosa del servicio sanitario en aquellos momentos.
El caso es el de una mujer ingresada en una residencia que falleció por covid durante la pandemia y la familia reclama una responsabilidad patrimonial a la comunidad autónoma.
El Juzgado considera que la Administración Autonómica no era competente en aquellos momentos ya que en esas fechas se había decretado el estado de alarma y la autoridad competente era el Gobierno. Además, todas las autoridades civiles sanitarias quedaron bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad y por tanto, la efectiva gestión de los centros de mayores quedó excluida de la competencia de las administraciones autonómicas durante el periodo de alarma.
La sentencia no es firme al caber recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño.
El envejecimiento también afecta a los médicos, pero determinar cuándo los cambios cognitivos comprometen la práctica clínica sigue siendo un asunto complejo. Este es el eje del debate planteado por expertos reunidos en un panel de la Asociación Americana de Psiquiatría Geriátrica, quienes analizaron si deberían implantarse evaluaciones cognitivas obligatorias para los facultativos de mayor edad. Quienes apoyan esta medida sostienen que el deterioro cognitivo puede influir en el juicio clínico, la memoria o la velocidad de procesamiento, con posibles repercusiones para la seguridad del paciente. En cambio, sus detractores advierten de que establecer un límite de edad para realizar pruebas puede resultar discriminatorio, ya que existe una gran variabilidad entre individuos y no todos los médicos envejecen de la misma manera. Además, las pruebas cognitivas aisladas no siempre predicen el desempeño profesional real. Los especialistas coincidieron en que la competencia profesional debería evaluarse de forma integral, considerando el rendimiento clínico, la salud, la experiencia y el contexto laboral, más que basándose únicamente en la edad cronológica. El objetivo es proteger a los pacientes sin perder el valioso conocimiento y la experiencia que aportan muchos médicos veteranos. ( Psychiatry Online )
Aunque muchos de los errores médicos que perjudican a los pacientes se deben a factores sistémicos, algunos de estos incidentes son atribuibles al criterio y acciones individuales del médico. Diversos factores pueden afectar a la actividad del médico, como las alteraciones de salud mental, el alcoholismo, el consumo de drogas y la falta de mantenimiento de la competencia técnica. Muchos estados (USA) cuentan con leyes de notificación obligatoria que exigen a los médicos y otros profesionales de la salud informar a las autoridades competentes sobre aquellos médicos cuya capacidad para ejercer la medicina se vea afectada por el consumo de alcohol o drogas, o por enfermedades físicas o mentales. La Asociación Médica Estadounidense (AMA), la Carta sobre Profesionalismo Médico y la Federación Europea de Medicina Interna van más allá, afirmando que los médicos tienen la obligación ética de informar y se espera que participen en el proceso de autorregulación. En este artículo se presenta el análisis de una amplia encuesta nacional a médicos que examina (1) las creencias sobre el compromiso con la autorregulación a través de la denuncia de colegas significativamente incapacitados o incompetentes, (2) la disposición para denunciar, (3) las experiencias personales con estas situaciones difíciles y (4) las acciones tomadas cuando se enfrentan a colegas incapacitados o incompetentes Conclusiones En general, los médicos apoyan el compromiso profesional de informar a la autoridad competente sobre todos los casos de colegas con problemas de conducta o incompetentes en su práctica médica; sin embargo, cuando se enfrentan a estas situaciones, muchos no lo hacen (entre los médicos que tenían conocimiento de colegas con deterioro cognitivo en su lugar de trabajo, solo alrededor de dos tercios lo reportaron). Este estudio pone en tela de juicio la voluntad y la capacidad de los médicos para identificar y denunciar a colegas cuya capacidad para ejercer la medicina se ve afectada por el consumo de alcohol o drogas, o por enfermedades físicas o mentales, así como a aquellos incompetentes para ejercer debido a deficiencias en conocimientos y habilidades. Estos hallazgos sugieren, además, que un gran número de médicos en ejercicio no apoya el proceso actual de autorregulación: se utiliza poco y parece tener varias deficiencias importantes, incluida una percepción de falta de anonimato y eficacia. Todos los profesionales de la salud, desde los líderes administrativos hasta quienes brindan atención clínica, deben comprender la urgencia de prevenir que colegas con facultades disminuidas o incompetentes perjudiquen a los pacientes y la necesidad de ayudar a estos médicos a afrontar y resolver sus problemas. El sistema de denuncia debe facilitar, en lugar de impedir, este proceso. La dependencia del proceso actual conlleva que los pacientes se expongan a niveles inaceptables de riesgo y que los médicos con facultades disminuidas o incompetentes posiblemente no reciban la ayuda que necesitan.
El uso de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), empleados principalmente para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, podría asociarse con efectos conductuales que van más allá del control metabólico. En este estudio, los autores exploraron si estos fármacos modifican la relación entre dos factores bien conocidos de riesgo para la violencia —la impulsividad y el consumo de alcohol— y la comisión de delitos violentos en adultos estadounidenses. A partir de una encuesta nacional realizada a 7.521 adultos, el análisis se centró en 821 personas que habían utilizado medicamentos GLP-1. Los resultados mostraron que, aunque la impulsividad y el consumo de alcohol seguían relacionándose con una mayor probabilidad de conductas violentas, esta asociación era significativamente más débil entre quienes estaban utilizando estos tratamientos en el momento del estudio. En concreto, la relación entre impulsividad y violencia fue aproximadamente un 62 % menor, mientras que la asociación entre alcohol y violencia se redujo alrededor de un 52 %, aunque este último hallazgo fue menos consistente en algunos análisis. ( EurekAlert! ) Los autores subrayan que, al tratarse de un estudio observacional y transversal, no puede establecerse una relación causal. Sin embargo, plantean la hipótesis de que los agonistas GLP-1 podrían disminuir la probabilidad de que un impulso agresivo llegue a traducirse en una conducta violenta. Estos hallazgos abren una nueva línea de investigación sobre los posibles efectos neuroconductuales de estos fármacos y su eventual interés para la prevención de la violencia, aunque serán necesarios estudios longitudinales y ensayos clínicos que confirmen estos resultados. ( Criminology ) Noticia comentada en El País
