Un nuevo estándar legal para la mala praxis médica

5 de marzo de 2025

Artículo publicado en JAMA Network sobre un nuevo estándar de atención de la American Law Institute (ALI) que invita a los tribunales a incorporar la medicina basada en la evidencia a la legislación sobre mala praxis y que representa un cambio respecto de la tradición basada en “la costumbre” en la práctica médica.

Si bien los estados (EEUU) pueden adoptar las recomendaciones del ALI en diferentes momentos y en distintos grados, la reformulación ofrece a los profesionales de la salud y a las organizaciones en las que ejercen la oportunidad de reconsiderar cómo se evaluará la negligencia médica y de centrarse más directamente en promover la seguridad del paciente y mejorar la prestación de la atención médica. No obstante, los médicos deben reconocer que, al menos por ahora, muchos tribunales seguirán dependiendo en gran medida de la práctica predominante para evaluar la responsabilidad médica.

En esta reformulación de la mala praxis médica, se destacan los siguientes puntos:

Estándar legal de atención

La responsabilidad por mala praxis médica se basaba tradicionalmente en si un médico había seguido la costumbre de la profesión. Aunque el acuerdo con la conducta habitual o la desviación de la misma puede ser útil para evaluar la razonabilidad, los tribunales modernos alientan a los jurados a considerar otros factores, incluidos los riesgos y beneficios de cualquier precaución y las expectativas de la comunidad. Este enfoque, conocido como el estándar de la “persona razonable”, es una característica fundamental del derecho de responsabilidad civil moderno en EEUU. En los casos de mala praxis médica, los tribunales estatales han ido pasando gradualmente de confiar en la costumbre a un estándar de razonabilidad.

Cuidado razonable

La reformulación del ALI centra la negligencia médica en la atención razonable en lugar de en la atención habitual.

Aunque la reformulación del ALI permitirá a los médicos señalar “prácticas profesionales prevalecientes”, es decir, la costumbre, también permitirá a los demandantes perjudicados señalar la mejor evidencia científica y argumentar que habría practicado en consecuencia un médico razonable.

Medicina basada en evidencia y guías clínicas

Los principios de ética médica de la Asociación Médica Estadounidense establecen de manera similar que “un médico debe continuar estudiando, aplicando y promoviendo el conocimiento científico”, lo que implica que la práctica basada en la evidencia es un sello distintivo de la atención competente.

En pocas palabras, la base para la toma de decisiones se ha alejado de los juicios subjetivos y la confianza en las autoridades hacia un análisis formal de la evidencia… Ahora, antes de recomendar un tratamiento, los médicos preguntan: ¿cuál es la evidencia?” A veces esto significa rechazar las solicitudes de los pacientes de atención riesgosa no probada

Comunicarse honesta y abierta

La nueva redacción asigna la responsabilidad legal de obtener el consentimiento informado al médico clínico, que es el “principal responsable” de la atención del paciente, pero reconoce que las tareas de comunicación en las organizaciones de atención médica modernas pueden ser delegadas a otros por el médico clínico legalmente responsable. La nueva redacción también impone una obligación legal explícita a los médicos de responder con veracidad las preguntas de los pacientes, incluso sobre la propia habilidad, experiencia, intereses financieros y circunstancias del médico, incluso si no se requieren divulgaciones afirmativas.

Mejorar el entorno de la práctica médica

Cada vez más hospitales están adoptando estrategias integrales para la participación de pacientes, familiares y cuidadores con el fin de prevenir y responder a los daños médicos a través de los llamados programas de comunicación y resolución

Cuidados paliativos y de residencia para personas privadas de libertad

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.

Suicidio adolescente tras la prohibición total del aborto a nivel estatal

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.

Europa avala suspender de sueldo a ciertos profesionales por no vacunarse

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.