Activistas en Reino Unido solicitan frenar la prescripción de antidepresivos para mejorar la salud mental

16 de octubre de 2024

El artículo aborda una preocupación creciente sobre el aumento en la prescripción de antidepresivos en el Reino Unido. Un grupo diverso de profesionales médicos, investigadores, representantes de pacientes y políticos ha instado al gobierno del Reino Unido a revertir esta tendencia.

En la última década, las prescripciones de antidepresivos en Inglaterra casi se han duplicado, pasando de 47.3 millones en 2011 a 85.6 millones en 2022-23. Actualmente, más de 8.6 millones de adultos en Inglaterra reciben estos medicamentos anualmente, lo que representa casi el 20% de la población adulta. Además, la duración promedio del uso de antidepresivos se ha duplicado desde mediados de la década de 2000 hasta 2017, con aproximadamente la mitad de los pacientes clasificados como usuarios a largo plazo.

El uso prolongado de antidepresivos está asociado con efectos adversos, como aumento de peso, disfunción sexual, sangrado, caídas y peores resultados a largo plazo para algunos pacientes. Además, alrededor de la mitad de los pacientes experimentan efectos de abstinencia, con hasta la mitad de ellos describiendo sus síntomas como severos, y una proporción sustancial experimentando abstinencia durante semanas, meses o más.

El artículo también menciona que el aumento en la prescripción de antidepresivos no se ha traducido en una mejora en los resultados de salud mental a nivel poblacional. De hecho, según algunas medidas, los resultados de salud mental han empeorado a medida que ha aumentado la prescripción de antidepresivos. Los autores del artículo argumentan que es necesario un enfoque más equilibrado y basado en la evidencia para el tratamiento de la depresión y otros trastornos mentales, que incluya tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas.

Comentario: me parece bien que se resalte la necesidad de usar de forma responsable los medicamentos, incluidos los antidepresivos, pero tampoco está claro como ya hemos publicado en algún artículo anterior, que ampliar la fuerza laboral de salud mental (psicólogos incluidos) vaya a mejorar los resultados de salud mental.

Y es que gran parte de las causas de los problemas de salud mental están relacionados con problemas sociales (por ejemplo, ausencia de vivienda y trabajos dignos) que van más allá de la intervención de los profesionales sanitarios. Como decía el doctor Peter Frank, precursor de la salud pública, “la miseria (pobreza) del pueblo es la madre de las enfermedades” y parece que vamos a sociedades cada vez con mayor desigualdad y pobreza, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes de hoy no tienen capacidad para comprar con su salario una vivienda, a diferencia de generaciones anteriores. El aumento de la prescripción de antidepresivos bien puede servir como termómetro del malestar social, pero me temo que mientras no haya políticas efectivas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, difícilmente se pondrá solución a estos problemas. Luego nos quejamos que aparezcan partidos extremos que se aprovechen de este malestar social.

Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.