Cómo el sistema de salud estadounidense recompensa el sobrediagnóstico psiquiátrico

El artículo sostiene que el fuerte aumento de los diagnósticos psiquiátricos en Estados Unidos no puede explicarse únicamente por mejores cribados, mayor concienciación o factores genéticos y ambientales. Más bien, describe un sistema sanitario que crea incentivos económicos para diagnosticar más. Hoy, los trastornos mentales aparecen como una experiencia casi universal: afectan a una parte sustancial de adultos, adolescentes y niños, con incrementos especialmente llamativos en categorías como el autismo, el TDAH, la ansiedad y la depresión.

Los autores subrayan que, a diferencia de otras áreas de la medicina, la psiquiatría se apoya en criterios inherentemente subjetivos. No existen biomarcadores claros, y los diagnósticos dependen de juicios clínicos basados en definiciones del DSM que, con el tiempo, han ampliado sus fronteras. Revisiones recientes han flexibilizado los umbrales diagnósticos, lo que permite incluir comportamientos comunes dentro de categorías clínicas amplias. Instrumentos de cribado poco específicos y encuestas parentales refuerzan esta expansión, confundiendo rasgos normales —como la timidez o la introversión— con patología.

Este ensanchamiento diagnóstico adquiere relevancia porque, en el sistema estadounidense, el diagnóstico funciona como una llave que abre el acceso a servicios financiados con fondos públicos. La legislación sobre paridad en salud mental, junto con Medicaid y la Ley de Atención Médica Asequible (ACA o "Obamacare"), promulgada en 2010, que amplía el acceso al seguro médico en EE. UU., ha eliminado muchas barreras al uso de servicios, pero también ha debilitado los mecanismos de control del gasto. En modelos de pago por acto, los proveedores pueden multiplicar servicios sin que se cuestione suficientemente su necesidad.

La estructura de cofinanciación federal reduce además el coste que asumen los estados, fomentando decisiones de gasto menos disciplinadas. Durante la pandemia, la expansión de la telepsiquiatría y las exenciones de emergencia amplificaron aún más estas dinámicas, incrementando el volumen de diagnósticos, visitas y facturación.

El texto concluye que la sobrediagnosticación no es un fallo accidental, sino una consecuencia previsible de incentivos mal alineados. Reformar el sistema exige cambiar esos incentivos, vincular el gasto a resultados reales y asegurar que los recursos se concentren en quienes presentan necesidades clínicas genuinas, evitando que el diagnóstico se convierta en un medio para sostener un crecimiento indefinido del gasto.