Desafíos éticos y clínicos en la hospitalización involuntaria por primer brote psicótico

3 de enero de 2025

El artículo aborda, a propósito de un caso, las complejidades éticas y clínicas de la hospitalización involuntaria en pacientes con un primer episodio psicótico.

En resumen, se trata del caso de una mujer joven, adulta, que presentaba una probable primera crisis de psicosis y un bloqueo cardíaco de tercer grado. La paciente no parecía representar un “peligro claro y presente” para sí misma o para los demás. Sin embargo, no tenía insight de su enfermedad y no estaba en condiciones de participar en la comunidad. La enfermedad cardíaca de la paciente resultó ser un hallazgo incidental no relacionado con sus síntomas psiquiátricos, lo que resalta la importancia de ser consciente del sesgo de anclaje. La paciente fue finalmente dada de alta de la atención cardíaca aguda, pero fue ingresada en psiquiatría tres semanas después por psicosis florida y no haber realizado un seguimiento con cardiología. Este escenario ético común es un desafío para los servicios de psiquiatría de consulta, especialmente cuando se navega por equipos especializados con diferentes enfoques clínicos y operativos.

Aunque las directrices éticas sugieren errar por el lado de la autonomía, un posible enfoque para garantizar la salud y la seguridad de los pacientes y la comunidad en esta situación podría ser solicitar un ingreso involuntario debido a la falta de insight y la incapacidad de participar en la comunidad como un riesgo para la seguridad de uno mismo. En retrospectiva, esta paciente probablemente cumplía los criterios para el ingreso psiquiátrico, lo que podría haber acelerado su recuperación. Este caso subraya la necesidad de directrices matizadas que integren consideraciones éticas en la toma de decisiones clínicas para las presentaciones de psicosis atípica.

Cuidados paliativos y de residencia para personas privadas de libertad

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.

Suicidio adolescente tras la prohibición total del aborto a nivel estatal

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.

Europa avala suspender de sueldo a ciertos profesionales por no vacunarse

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.