El Constitucional ampara a una juez con depresión a la que el CGPJ sancionó por dificultades laborales
Una magistrada que arrastraba desde hacía años un cuadro ansioso-depresivo fue sancionada por el CGPJ con tres meses de suspensión debido a los retrasos y dificultades en el funcionamiento de su juzgado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al no valorar adecuadamente el impacto de su enfermedad mental en su desempeño profesional. El tribunal subraya que las autoridades conocían la situación clínica de la jueza y que no podían ignorarla al imponer una sanción disciplinaria. El TC ha señalado que "no parece razonable" trasladar exclusivamente al trabajador la responsabilidad de "identificar, diagnosticar y comunicar una discapacidad", dado que los empleadores se sitúan en una "posición preferente" para "detectar situaciones de vulnerabilidad" porque tienen las "potestades organizativas", "los recursos económicos" y las "obligaciones de prevención correspondientes".
Por ello, ha anulado la sanción y ha otorgado el amparo solicitado, destacando que la discapacidad psíquica no puede convertirse en un motivo de discriminación ni justificar una respuesta punitiva sin tener en cuenta las circunstancias personales y de salud de la afectada. (noticias.juridicas.com)




