Retorno al trabajo tras incapacidad médica laboral: qué es y qué no es

Francia ha decidido poner fin de forma clara y definitiva a la antigua idea del “deber conyugal”, según la cual el matrimonio implicaba una obligación de mantener relaciones sexuales. Esta noción, que nunca aparecía de manera explícita en el Código Civil pero que algunos jueces habían utilizado para interpretar la “vida en común”, ha sido abolida tras la aprobación de una nueva ley en la Asamblea Nacional, con apoyo unánime. La ley establece que, a partir de ahora, cuando se celebre un matrimonio civil, el funcionario deberá leer una cláusula muy concreta: la vida en común no crea ninguna obligación de mantener relaciones sexuales. Con este gesto simbólico y jurídico, el Estado francés quiere dejar claro que el consentimiento sexual no se presume ni es permanente, ni siquiera dentro del matrimonio. La iniciativa surge en un contexto marcado por una fuerte conmoción social, especialmente tras el caso de Gisèle Pelicot, una mujer drogada por su marido y ofrecida a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella. Durante el juicio, muchos acusados afirmaron que creían tener “permiso”, lo que evidenció la confusión persistente sobre el consentimiento en el ámbito conyugal. Las impulsoras de la ley subrayan que el matrimonio no puede ser un espacio donde el consentimiento se considere automático o eterno. Mantener la idea de un deber sexual equivaldría, según ellas, a legitimar relaciones de dominación y violencia dentro de la pareja. La norma también responde a demandas de jueces y abogados que pedían mayor claridad legal ante casos en los que se cuestionaba la libertad sexual dentro del matrimonio. El texto pasará ahora por el Senado y podría entrar en vigor en verano, como un paso más hacia una cultura basada en el consentimiento y el respeto.

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un estudio pionero de vigilancia epidemiológica destinado a evaluar el impacto de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024 sobre la salud mental de la población afectada en la Comunitat Valenciana. La iniciativa surge en respuesta a las graves consecuencias humanas y materiales de este episodio de inundaciones, que afectó de manera especialmente intensa a 74 municipios de la provincia de Valencia y a una población aproximada de un millón de personas. El estudio se orienta a analizar de forma sistemática la aparición de síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como su relación con el grado de exposición a la catástrofe y con diversos factores personales, sociodemográficos y de apoyo social. Desde el punto de vista metodológico, se plantea como un estudio de cohorte prospectiva con un seguimiento de tres años. La recogida de datos se estructurará en una fase basal, aproximadamente un año después de la DANA, y en dos oleadas sucesivas a los dos y tres años. La población de referencia incluye a personas mayores de cinco años residentes en zonas clasificadas de impacto medio y alto, de las que se extraerá una muestra representativa superior a 10.000 participantes, tanto adultos como menores. Sus resultados permitirán orientar la planificación de recursos asistenciales y el diseño de medidas preventivas más eficaces, consolidando la vigilancia de la salud mental como un eje prioritario de la salud pública en un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.