La desprescripción médica en psiquiatría
27 de diciembre de 2024
El término “desprescripción”, acuñado inicialmente en medicina geriátrica, describe un proceso de optimización del régimen farmacológico mediante la reducción o suspensión de medicamentos cuyos beneficios ya no superan los riesgos. Las crecientes tasas de polifarmacia, la creciente apreciación de los efectos adversos a largo plazo y el enfoque en la práctica centrada en el paciente presentan indicaciones específicas para la desprescripción en psiquiatría.
Una alianza terapéutica sólida, un momento adecuado y la consideración del significado de la medicación para el paciente deben acompañar los siguientes elementos: revisión de todos los medicamentos, identificación de medicamentos que podrían suspenderse o reducirse, planificación colaborativa del régimen de desprescripción y provisión de revisión y apoyo al paciente y a los cuidadores.
Algunos autores describen 7 pasos para la desprescripción psiquiátrica:
- Elegir el momento adecuado: evitar los momentos de crisis, asegúrese de que el paciente tenga apoyo social para identificar y gestionar rápidamente una recaída y tenga cuidado si el paciente está consumiendo sustancias de forma activa. Cuando una persona ingresa o es dada de alta del hospital, puede ser el momento de hacer una revisión integral de sus medicamentos y considerar si hay cosas que se deben eliminar.
- Compilar una lista de todos los medicamentos del paciente: documentar la dosis, la vía de administración, la duración esperada, la indicación original y los efectos terapéuticos y adversos actuales; estimar las posibles interacciones fármaco-fármaco y la relación riesgo-beneficio futura de la desprescripción.
- Inicie una discusión con el paciente: explore el significado de la enfermedad y el significado de los medicamentos con el paciente; descubra las creencias del paciente sobre el papel, los riesgos y los beneficios de los medicamentos; y explore la idea de controlar la enfermedad sin medicamentos.
- Presentar la desprescripción al paciente: informar al paciente sobre las posibles indicaciones y el proceso de desprescripción, obtener información sobre el historial de desprescripción anterior del paciente y los períodos en los que el paciente no tomó los medicamentos según lo prescrito, solicitar las inquietudes del paciente y obtener su aceptación.
- Identificar qué medicamento(s) sería más apropiado desprescribir: discutir las pautas de tratamiento y la evidencia, evaluar en colaboración los pros y los contras de desprescribir cada medicamento, abordar la polifarmacia injustificable y solicitar las preferencias del paciente.
- Desarrollar un plan: establecer una fecha de inicio y un ritmo de reducción, considerar si está indicado cambiar a otro medicamento, informar al paciente sobre los posibles efectos de suspender el medicamento y acordar un seguimiento, un cronograma de seguimiento y un plan de crisis.
- Vigilar al paciente y adaptar la desprescripción según sea necesario: ajustar la velocidad de reducción, tratar el síndrome de discontinuación o la recaída y, si es necesario, suspender o posponer la desprescripción
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.
