La SEPL se opone a la creación de un macrohospital psiquiátrico penitenciario en Sieteaguas (Valencia)

23 de junio de 2021

Instituciones Penitenciarias pretende transformar un centro penitenciario a medio construir en centro psiquiátrico para 500 internos

Desde hace unos meses la SEPL está en contacto con diversas ONGs y sociedades científicas que se han movilizado para oponerse a la creación de un macrohospital psiquiátrico penitenciario. No hay mucha información sobre este proyecto. Parece que Instituciones Penitenciarias pretende reconvertir un proyecto de centro penitenciario en un hospital psiquiátrico penitenciario de 500 plazas.


A la vista de la situación en que se encuentra el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent con un déficit importante de personal, resulta absurdo el planteamiento de IIPP pues si no están funcionando bien los hospitales ya existentes ¿como se puede esperar que funcione otro más grande?


La tendencia en todos los países desarrollados es la transferencia de la salud mental penitenciaria al sistema público de salud. Esta es la intención de IIPP con los diferentes gobiernos desde hace años. Sin embargo, las comunidades autónomas se han resistido a asumir esta competencia por el aumento de gasto que supone y el escaso rédito electoral que supone.


El modelo a seguir en la actualidad es el de Italia donde se han cerrado los hospitales psiquiátricos penitenciarios, y se han creado un gran número de unidades de rehabilitación psiquiátrica con pocas camas, con lo que se consigue una mayor intensidad terapéutica.


La humanización en la asistencia en salud mental tiene que empezar por donde está peor. Y está claro que donde hay una peor asistencia es en las cárceles españolas. Una excepción es lo que ocurre en Cataluña donde la administración penitenciaria se transfirió hace años y hay un nivel asistencial equiparable al resto de países europeos. En el País Vasco se está produciendo la transferencia de competencias. En la SEPL tenemos constancia de que la Consejería de Sanidad en está comunidad está apostando fuerte por una atención en salud mental de calidad.


Lamentablemente, en el resto de España la situación deja mucho que desear.


Para más información se puede ver este documental sobre el problema de la enfermedad mental en las prisiones españolas realizado por Fernando Guillén Cuervo y titulado "Fuera de lugar" (2013). Poco ha cambiado desde entonces la situación.



Cuidados paliativos y de residencia para personas privadas de libertad

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.

Suicidio adolescente tras la prohibición total del aborto a nivel estatal

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.

Europa avala suspender de sueldo a ciertos profesionales por no vacunarse

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.