La creación de la especialidad de psiquiatría infantil supondrá la reducción del número de plazas MIR convocadas de psiquiatría (infantil y no infantil) en un 23%

7 de junio de 2021

Para mantener el nivel de gasto salarial al incrementar de cuatro a cinco años el periodo de formación de la especialidad, el Ministerio reduce el número de plazas convocadas. El 88% será de psiquiatría y el 12% de psiquiatría infantil

En este post analizamos el impacto real que tendría la creación de la especialidad de psiquiatría de la infancia y la adolescencia con el diseño que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Para ello nos basamos en un documento que está en el expediente de creación de la especialidad. Nos referimos a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que está fechada el 25 de Marzo de 2021. Las personas interesadas pueden descargar el documento en el botón que aparece al final de este post.


Parece que una condición que impone el Ministerio es la creación de la especialidad de psiquiatría infantil
a coste cero. Esto implica que hay que mantener la misma masa salarial de los médicos residentes de psiquiatría. Y como el tiempo de formación pasa de cuatro a cinco años, esto implica que los costes salariales se incrementan un 25% por profesional formado. Ante esto el Ministerio encuentra una fácil solución: reducir el número de plazas MIR convocadas (infantil y no infantil) en una cifra cercana al 25%. En este caso un 23%.


En la tabla 6, página 20 de la Memoria de Impacto se recoge que han sido convocadas 288 plazas de psiquiatra en la
convocatoria 20/21. El Ministerio propone reducir el número de plazas MIR de psiquiatría (infantil y no infantil) convocadas a 222. Es decir una reducción de un 23%.


El Ministerio argumenta que esto no supone un problema de sustitución de profesionales jubilados, pues hace una estimación del número anual  de jubilaciones de psiquiatras que se van a producir, y considera que habrá unos 133 al año. Sorprende que el Ministerio haga este análisis pues hay una impresión generalizada de que en el mercado laboral de los profesionales de la psiquiatría hay una escasez de profesionales.


El Ministerio propone que el 12% de las plazas MIR de Psiquiatría sean para psiquiatría infantil. Si en la próxima convocatoria salen 222 plazas, 27 serán para psiquiatría infantil, y el resto, 195, para psiquiatría no infantil. 


Si se aprueba la especialidad tal y como propone el Ministerio el número de psiquiatras infantiles egresados será de 27. Esta es la misma cifra que ahora están saliendo con la trayectoria A del programa de formación actualmente en vigor. Sin embargo, la cifra de psiquiatras no infantiles egresados será sensiblemente inferior. Este desequilibrio tiene unas implicaciones asistenciales tremendas que analizaremos en otro post.


Este es el horizonte que tiene la profesión de psiquiatra cuando se crea una nueva especialidad a coste cero. Que cada cual saque sus propias conclusiones



Nota informativa sobre el documento a descargar. En esta memoria de impacto normativo aparece una parte general, y luego se recogen todas las aportaciones realizadas por administraciones, sociedades científicas y profesionales a título particular. Con el fin de preservar el anonimato de estas personas hemos eliminado del documento a descargar las páginas donde aparece su nombre y su aportación.


Descargar Memoria de Impacto Normativo
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.