Lo que los psiquiatras deben saber sobre la IA, el suicidio y la ley
4 de noviembre de 2025
El artículo analiza cómo ChatGPT y otros chatbots de inteligencia artificial (IA), están influyendo en la salud mental, especialmente en casos de riesgo suicida, y qué deben saber los psiquiatras al respecto.
Se presentan tres casos reales graves:
- Adam Raine, un adolescente que parecía estar mejorando, pero mantenía conversaciones ocultas con ChatGPT sobre suicidio. El sistema registró más de 200 menciones al tema.
- Sewell Setzer III, otro joven que interactuaba con un chatbot de fantasía (basado en Daenerys Targaryen) antes de suicidarse con un arma en casa.
- Allan Brooks, un adulto que pasó más de 300 horas hablando con ChatGPT, lo que reforzó sus delirios y lo llevó a contactar agencias gubernamentales creyendo haber hecho descubrimientos matemáticos.
Riesgos identificados del uso IA:
- Ocultamiento de información: Los pacientes pueden compartir más con un chatbot que con su terapeuta.
- Refuerzo de pensamientos negativos: La IA tiende a validar ideas sin contexto, lo que puede agravar trastornos como depresión, TOC o psicosis.
- Falsa empatía: Aunque los chatbots parecen comprensivos, no tienen juicio clínico ni capacidad de intervención.
- Acceso a medios letales: La IA puede facilitar el camino hacia el suicidio si hay acceso a armas o medicamentos.
Recomendaciones para psiquiatras
- Preguntar directamente sobre el uso de chatbots en las entrevistas clínicas.
- Documentar el uso de IA en las historias clínicas.
- Educar a las familias, especialmente sobre el acceso a armas y el uso de tecnología.
- Revisar transcripciones de conversaciones con IA si el paciente lo permite.
- Formarse en IA como parte de la educación médica continua.
Implicaciones legales
El caso de Adam Raine ha derivado en una demanda por homicidio culposo contra OpenAI. La demanda plantea varias cuestiones clave: negligencia, homicidio culposo y diseño defectuoso. Se trata, además, de la primera demanda conocida por homicidio culposo dirigida contra OpenAI por el uso de chatbots.
Una cuestión jurídica es si las leyes actuales protegen a las empresas de IA de responsabilidad frente a los daños causados por sus sistemas.
Impacto en la psiquiatría
- El dominio de la IA debe convertirse en una competencia fundamental de los psiquiatras. Los psiquiatras deben estar preparados para hablar abiertamente sobre el uso de chatbots, sin estigmas, del mismo modo que ahora preguntamos sobre las redes sociales o los videojuegos. Los programas de formación deberían integrar este tema en la educación habitual.
- La alianza terapéutica podría verse afectada, pero también enriquecida. Si los pacientes consienten en compartir las transcripciones de los chatbots, estas pueden ofrecer perspectivas únicas sobre sus procesos de pensamiento.
- Los sistemas de salud podrían añadir campos a los formularios de admisión sobre el uso de la IA
- La IA puede ser útil en contextos con pocos recursos, pero nunca debe sustituir el cuidado humano.
Conclusión
Los chatbots ya forman parte del entorno psiquiátrico. Aunque pueden aumentar riesgos, también ofrecen oportunidades si se abordan con responsabilidad. Los psiquiatras deben adaptarse, preguntar, documentar y educar para proteger mejor a sus pacientes.
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.
