Porqué Australia establece una edad mínima de 16 años para crear una cuenta en las redes sociales

3 de diciembre de 2024

El artículo discute la reciente decisión del gobierno australiano de establecer una edad mínima de 16 años para crear cuentas en redes sociales. Esta medida se toma en respuesta a preocupaciones crecientes sobre la salud mental y la seguridad de los adolescentes en internet. Se argumenta que las redes sociales pueden tener efectos negativos significativos en el bienestar psicológico de los jóvenes, incluyendo el aumento de la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Además, la política busca proteger a los menores de la exposición a contenido inapropiado y de la explotación en línea.

Resumen del artículo

Australia está corrigiendo dos de los errores más importantes en la creación de la Internet global: la fijación de la “edad adulta en Internet” a los 13 años, combinada con la estipulación de que las empresas no tienen ninguna responsabilidad de verificar que alguien tenga realmente 13 años. Ambos errores se cometieron en una única ley bien intencionada aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1998: la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA.

El congresista Ed Markey redactó el proyecto de ley motivado por el problema de que, en los primeros tiempos del comercio electrónico, las empresas tomaban datos de los niños sin el conocimiento o el consentimiento de sus padres. La cuestión que buscaba resolver era: ¿a qué edad un niño es lo suficientemente maduro para ser tratado como un adulto, capaz de firmar acuerdos de Condiciones de Servicio y entregar datos personales y familiares, sin el conocimiento o el permiso de sus padres? Markey propuso que los adolescentes no deberían tener que esperar hasta los 18 años para obtener tal condición; pensaba que 16 años podrían ser lo suficientemente mayores para tomar decisiones personales inteligentes.

Las empresas de comercio electrónico no estaban contentas con eso y presionaron fuertemente contra el proyecto de ley. En las negociaciones, se llegó a un compromiso de que la edad se reduciría a 13 años. La decisión no tenía nada que ver con el desarrollo del cerebro adolescente, la madurez o la seguridad; fue simplemente un compromiso político. No obstante, 13 años se convirtió en la edad de facto de la "adultez en Internet" para los Estados Unidos, lo que efectivamente lo convirtió en la edad de la adultez en Internet para el mundo.

Australia va a corregir esos errores y, al hacerlo, puede proporcionar un modelo para otros países

El Gobierno australiano ha presentado una ley en el parlamento para establecer una edad mínima de 16 años para que los jóvenes abran cuentas en plataformas de redes sociales.

La evidencia del daño de las redes sociales

Si bien el deterioro de la salud mental de los jóvenes ha sido un factor clave en la mente de los responsables políticos, también han surgido otros daños agudos y específicos que experimentan los australianos. En 2023, Mac Holdsworth, un adolescente de Melbourne que soñaba con convertirse en carpintero, fue objeto de un plan de sextorsión. Lo engañaron para que enviara una foto explícita de sí mismo y luego lo chantajearon a través de sus cuentas de Snapchat e Instagram. Se quitó la vida el 24 de octubre de 2023.

Un año después, el padre de Mac, Wayne Holdsworth, lanzó Unplug24, una iniciativa que convoca a un día nacional de silencio en las redes sociales el 24 de octubre de 2024, el aniversario de la muerte de su hijo.

Aumenta el apoyo público a una edad mínima para acceder a las redes sociales

Un creciente movimiento internacional está presionando para que se tomen medidas más contundentes para controlar a los gigantes de las redes sociales. Los padres no solo quieren mejores controles parentales. Quieren una edad mínima legislada para abrir cuentas en las redes sociales y convertirse en clientes de estas empresas.

Noticia comentada en BBC News

Cuidados paliativos y de residencia para personas privadas de libertad

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.

Suicidio adolescente tras la prohibición total del aborto a nivel estatal

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.

Europa avala suspender de sueldo a ciertos profesionales por no vacunarse

Por Alfredo Calcedo • 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.