Salud social: el tercer pilar olvidado

9 de septiembre de 2025

Durante décadas, el discurso sobre la salud pública se ha centrado en dos pilares fundamentales: la salud física y la salud mental. Sin embargo, este artículo propone que existe un tercer componente esencial para el bienestar humano: la salud social. Esta dimensión, aunque menos reconocida, influye profundamente en la calidad de vida, la longevidad y la resiliencia de las personas. 

La salud social se refiere a la capacidad de los individuos para formar relaciones significativas, participar en redes de apoyo, y sentirse integrados en sus comunidades. No es simplemente una cuestión de tener amigos, sino de experimentar pertenencia, reciprocidad y conexión. En tiempos de aislamiento —como durante la pandemia de COVID-19— esta dimensión se volvió más visible, aunque sigue sin recibir la atención oficial que merece. 

En mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la primera resolución sobre conexión social, marcando un hito en el reconocimiento institucional del problema. 

El informe revela que entre 2014 y 2023, aproximadamente el 16 % de la población mundial —uno de cada seis individuos— experimentó soledad. Aunque afecta a todas las edades y géneros, los adolescentes (20.9 %) y los jóvenes adultos (17.4 %) son los más afectados. Además, se estima que un tercio de los adultos mayores (≥60 años) están socialmente aislados. Los grupos vulnerables —como personas con discapacidad, migrantes, minorías étnicas, pueblos indígenas y personas LGBTIQ+— presentan tasas aún más altas de aislamiento. 

Los efectos sobre la salud son alarmantes. La soledad y el aislamiento social están vinculados a un mayor riesgo de mortalidad: se estiman unas 871 000 muertes anuales relacionadas con la soledad entre 2014 y 2019. También se asocian con enfermedades cardiovasculares, diabetes, deterioro cognitivo, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. En contraste, la conexión social ofrece beneficios protectores, como la mejora de la salud mental, la reducción de enfermedades crónicas y el aumento de la longevidad. 

La relación entre salud y conexión social es bidireccional: las enfermedades crónicas o el estigma pueden dificultar la interacción social, lo que a su vez agrava el aislamiento y empeora la salud. Además, el impacto trasciende lo individual: el aislamiento afecta el rendimiento educativo, la empleabilidad y los ingresos, generando costes significativos para los sistemas de salud, empleadores y la sociedad. En España, por ejemplo, el coste estimado de la soledad en 2021 fue de 15.200 millones de dólares, equivalente al 1.17 % del PIB. 

Frente a esta realidad, el artículo aboga por políticas públicas que fortalezcan la conexión social. Estas deben incluir campañas de concienciación y un enfoque intersectorial que involucre salud, educación, vivienda, transporte, comunidades y empresas. Sin embargo, solo unos pocos países han adoptado estrategias nacionales: Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Inglaterra, Escocia, Gales y Japón (que incluso ha creado un ministerio para la soledad). 

La Comisión propone reconocer la salud social como el tercer pilar de la salud, junto a la salud física y mental. Basándose en la definición de salud de la OMS —como un estado completo de bienestar físico, mental y social— se destaca que la conexión social debe estar en el centro de las políticas sanitarias. La adopción de la resolución por parte de la Asamblea Mundial de la Salud y el informe de la Comisión ofrecen una oportunidad crucial para que los gobiernos actúen. 

Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.