XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Vitoria 14-16 Mayo 2026"

El artículo examina si la atención de afirmación de género (AAG) constituye un ejemplo contemporáneo de politización de la psiquiatría. La autora plantea que, aunque AAG se presenta como un tratamiento médicamente necesario para personas trans, la evidencia científica que lo respalda es limitada y metodológicamente débil. Además, se señalan riesgos potenciales asociados, como infertilidad, disfunción sexual y efectos adversos a largo plazo. Resumen del artículo Objetivo: Fomentar el debate sobre si la atención afirmativa de género es una política gubernamental impuesta a los psiquiatras en las primeras décadas del siglo XXI. Conclusión: La atención afirmativa de género (AAG) es un enfoque de tratamiento altamente controvertido para menores con malestar de género. La AAG posee varias características únicas que potencialmente la definen como un movimiento político más que como una intervención sanitaria, entre ellas: su disponibilidad en función de la política gubernamental en lugar de la evidencia científica; la presión percibida sobre los profesionales clínicos para implementar la AAG; el uso obligatorio de símbolos visuales y lenguaje para señalar la adhesión al modelo en el ámbito laboral; y la participación de organizaciones activistas en la orientación de su implementación en los servicios de salud. La AAG se alinea con ejemplos históricos de politización de la psiquiatría al proporcionar una fachada para que los gobiernos implementen una agenda política impopular sin recurrir abiertamente a formas manifiestas de autoritarismo. Disfrazar la AAG como un tratamiento psiquiátrico logró obstaculizar el debate público al sugerir que los psiquiatras poseen un grado de conocimiento médico sobre el malestar de género del que carece la población. Los profesionales clínicos disidentes de la atención de afirmación de género (AAG) se enfrentan a presiones sociales y temen riesgos para su empleo y su registro médico. Dos sentencias recientes del Tribunal de Familia en Australia demuestran aún más los mecanismos por los cuales la AAG se mantiene vigente gracias a los profesionales clínicos activistas apoyados por una agenda gubernamental. En resumen, el artículo sostiene que la implementación de AAG no responde únicamente a criterios médicos, sino que incorpora componentes políticos que afectan la autonomía profesional y reducen el espacio para el debate científico. La autora propone una discusión crítica sobre si estas políticas se ajustan a los principios éticos y científicos de la psiquiatría o si representan una nueva forma de su instrumentalización.

Desde 2024–2025, siete comunidades autónomas (Baleares, Navarra, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña) han comenzado a contratar psicólogos sin PIR (Psicólogo Interno Residente) en Atención Primaria, basándose en el Máster Sanitario General Único o mediante decreto propio. En contraste, ocho comunidades han descartado esta vía (Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Murcia y Extremadura) y exigen psicólogos con PIR para Atención Primaria, argumentando cumplimiento legal. Este panorama revela una fragmentación autonómica, sin correlación con el signo político de los gobiernos : tanto regiones gobernadas por PP como por PSOE se alinean en ambos bandos. En resumen, la incorporación de psicólogos sin PIR en Atención Primaria ha generando una disputa entre impulsores —que alegan falta de profesionales y apoyo institucional— y detractores —que advierten de ilegalidad, desprofesionalización y debilidad del modelo clínico. La disparidad autonómica —sin vínculo claro con orientación política— refleja un país dividido sobre la aplicación del PIR, marcado por tensiones sociales, jurídicas y asistenciales.