Por Alfredo Calcedo
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21 de noviembre de 2025
El artículo examina si la atención de afirmación de género (AAG) constituye un ejemplo contemporáneo de politización de la psiquiatría. La autora plantea que, aunque AAG se presenta como un tratamiento médicamente necesario para personas trans, la evidencia científica que lo respalda es limitada y metodológicamente débil. Además, se señalan riesgos potenciales asociados, como infertilidad, disfunción sexual y efectos adversos a largo plazo. Resumen del artículo Objetivo: Fomentar el debate sobre si la atención afirmativa de género es una política gubernamental impuesta a los psiquiatras en las primeras décadas del siglo XXI. Conclusión: La atención afirmativa de género (AAG) es un enfoque de tratamiento altamente controvertido para menores con malestar de género. La AAG posee varias características únicas que potencialmente la definen como un movimiento político más que como una intervención sanitaria, entre ellas: su disponibilidad en función de la política gubernamental en lugar de la evidencia científica; la presión percibida sobre los profesionales clínicos para implementar la AAG; el uso obligatorio de símbolos visuales y lenguaje para señalar la adhesión al modelo en el ámbito laboral; y la participación de organizaciones activistas en la orientación de su implementación en los servicios de salud. La AAG se alinea con ejemplos históricos de politización de la psiquiatría al proporcionar una fachada para que los gobiernos implementen una agenda política impopular sin recurrir abiertamente a formas manifiestas de autoritarismo. Disfrazar la AAG como un tratamiento psiquiátrico logró obstaculizar el debate público al sugerir que los psiquiatras poseen un grado de conocimiento médico sobre el malestar de género del que carece la población. Los profesionales clínicos disidentes de la atención de afirmación de género (AAG) se enfrentan a presiones sociales y temen riesgos para su empleo y su registro médico. Dos sentencias recientes del Tribunal de Familia en Australia demuestran aún más los mecanismos por los cuales la AAG se mantiene vigente gracias a los profesionales clínicos activistas apoyados por una agenda gubernamental. En resumen, el artículo sostiene que la implementación de AAG no responde únicamente a criterios médicos, sino que incorpora componentes políticos que afectan la autonomía profesional y reducen el espacio para el debate científico. La autora propone una discusión crítica sobre si estas políticas se ajustan a los principios éticos y científicos de la psiquiatría o si representan una nueva forma de su instrumentalización.
