Diferentes tipos de homicidio de pareja.

22 de diciembre de 2025

Excelente artículo de Pablo Malo, psiquiatra de Bilbao, que revisa la literatura y expone los diferentes tipos de homicidio de pareja.

En la última década, los datos sobre homicidios de pareja en España revelan una realidad compleja: solo un 23% de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente violencia de género, y de ellas, otro 23% murió pese a contar con medidas de protección. El paradigma tradicional, sustentado en la teoría feminista, concibe el homicidio como la culminación de un proceso continuo de violencia ascendente, desde agresiones leves hasta el asesinato. Sin embargo, investigaciones recientes cuestionan este modelo, mostrando que en numerosos casos no existía violencia previa detectable

Se identifican dos perfiles diferenciados de agresores. El primero, que representa entre el 33% y el 40% de los casos, carece de historial violento y se asocia a crisis vitales agudas —como ruina económica o separación reciente— y a ideación suicida, lo que explica la alta frecuencia de homicidios seguidos de suicidio. El segundo grupo, mayoritario (60-67%), corresponde al maltratador clásico, caracterizado por control coercitivo, celos patológicos y escalada de agresiones, ajustándose al modelo tradicional. Esta diferenciación implica un cambio sustancial en las estrategias preventivas: los protocolos actuales, centrados en la violencia previa, no logran detectar el primer grupo, que requiere indicadores distintos, como la presencia de crisis personales y conductas suicidas.

La ideación suicida emerge como un predictor relevante del homicidio de pareja, multiplicando el riesgo en casos de violencia de género y siendo especialmente relevante en homicidios-suicidios, que constituyen cerca del 30% de los feminicidios. Paralelamente, los estudios subrayan la influencia de los trastornos mentales en estos delitos. Un tercio de los homicidios seguidos de suicidio se vincula a patologías psiquiátricas graves, acompañadas de deterioro físico y dependencia. El metaanálisis de Kivisto (2015) propone cuatro categorías de homicidas: el enfermo mental, con psicosis y escasa violencia previa; el controlado/desregulado, asociado a trastornos afectivos, ansiedad y abuso moderado de sustancias; el agresor crónico antisocial, con rasgos narcisistas y sin psicopatología grave; y el sobrecontrolado, caracterizado por personalidad dependiente y esquizoide, sin antecedentes significativos de violencia.

La revisión sistemática de Abreu, Barker y Bedford (2017) confirma que la presencia de enfermedad mental incrementa el riesgo homicida en ambos sexos, destacando la relación entre homicidios impulsivos y el uso de armas blancas en agresores con psicosis o trastornos duales. Asimismo, se observa que el trastorno bipolar influye en la modalidad del crimen: los homicidios domésticos son más frecuentes en fases depresivas, mientras que en fases maníacas predominan los cometidos fuera del hogar.

Este panorama evidencia la dificultad de anticipar sucesos de baja prevalencia, comparables a los “cisnes negros” descritos por Taleb: eventos improbables con consecuencias críticas que desafían los modelos predictivos. Por ello, se reclama avanzar en herramientas validadas para entornos policiales, sanitarios y forenses, integrando protocolos que contemplen factores situacionales y clínicos. La prevención eficaz dependerá de reconocer esta heterogeneidad y superar la visión lineal del fenómeno.


Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.