El tratamiento obligatorio para la adicción a las drogas puede salvar vidas
Artículo de opinión publicado en el New York Times que aborda la controvertida propuesta del alcalde de Nueva York de imponer tratamiento obligatorio a personas con adicciones que representen un riesgo para sí mismas o para otros. Esta medida ha generado un intenso debate entre defensores y detractores.
El autor defiende que el tratamiento obligatorio, si se aplica con rigor y humanidad, puede ser beneficioso tanto para los individuos afectados como para sus comunidades. En muchos casos, la alternativa al tratamiento involuntario no es el tratamiento voluntario, sino la ausencia total de atención.
Se plantea que la adicción deteriora la capacidad de tomar decisiones racionales y autónomas. Por tanto, intervenir obligatoriamente no sería una violación de la autonomía, sino una forma de restaurarla. La idea de que el tratamiento obligatorio socava la libertad individual ignora que la adicción ya ha hecho ese daño.
Además, la adicción no solo afecta al individuo, sino también a su entorno: familias angustiadas, vecinos expuestos a comportamientos agresivos, y comunidades deterioradas por el consumo público de drogas. Por ello, se justifica que la sociedad tenga derecho a exigir cambios, incluso mediante el sistema judicial.
El autor critica a ciertos activistas que defienden el derecho absoluto a consumir drogas, comparándolos con defensores del derecho a portar armas o antivacunas. Esta visión ignora los daños colaterales que el consumo genera en terceros.
Se menciona el caso del noroeste del Pacífico, donde políticas de despenalización y reducción de daños no lograron disminuir las sobredosis y sí provocaron un aumento en delitos violentos y contra la propiedad. Esto debilitó el apoyo público a dichas reformas.
El autor advierte que el tratamiento obligatorio solo será efectivo si se cuenta con recursos suficientes y programas bien diseñados. No basta con obligar: se necesitan tratamientos de calidad, evidencia científica, instalaciones seguras y personal capacitado. También es crucial que jueces y profesionales comprendan la complejidad de la adicción.
