Un análisis retrospectivo de las tasas de simulación en una consulta de psiquiatría forense

29 de julio de 2025

La simulación se define como la falsificación o exageración intencional de los síntomas para obtener un beneficio secundario. La prevalencia de la simulación varía ampliamente entre los diferentes contextos médico-legales, lo que enfatiza la necesidad de identificar factores predictivos adicionales al considerar el diagnóstico. Este estudio midió las tasas de simulación en una muestra de 1300 sujetos de una práctica de psiquiatría forense ubicada en Lexington, Kentucky. Entre los que fallaron en al menos tres escalas de validez de síntomas o desempeño, las probabilidades de simulación fueron aproximadamente el doble en sujetos sin educación universitaria, aquellos derivados por el abogado contrario y aquellos que cumplían los criterios para una enfermedad mental en tres o más categorías diagnósticas del DSM-5. Aquellos evaluados para compensación laboral y lesión en la cabeza fueron más propensos a simular que otros tipos de casos. Se observó una mayor tasa de simulación en hombres que en mujeres, sin diferencias significativas según la raza. Estos resultados indican que la educación, el género, los antecedentes psiquiátricos, el tipo de caso y el tipo de derivación pueden ser factores importantes a considerar al evaluar la simulación.

En ciertos casos, los resultados de este estudio pueden ayudar a los evaluadores a desarrollar un mayor índice de sospecha de simulación. También es importante considerar que el conocimiento de estos factores puede inducir sesgo. Los evaluadores deben procurar mantener la neutralidad durante las evaluaciones para garantizar que se pueda obtener una historia clínica completa. Además, los datos de las pruebas deben interpretarse a ciegas e integrarse cuidadosamente con la información obtenida de la entrevista clínica y los registros médicos. Las prácticas éticas adicionales deben incluir el consentimiento informado de los evaluados sobre la consideración de la falsificación de síntomas durante su evaluación. Términos como "sobrereporte o subreporte" y "exageración de síntomas" deben considerarse en lugar de "simulación" para reconocer las limitaciones de la asignación de simulación, minimizar el riesgo de litigio para el evaluador y evitar someter al evaluado a consecuencias injustas.

Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
Artículo sobre la atención sanitaria a los pacientes encarcelados . Las personas encarceladas en los EE. UU. tienen una mortalidad por todas las causas, ajustada por edad, un 39 % mayor que las que no están encarceladas (no se dispone de datos absolutos), y el cáncer es la causa de muerte más común (27,5 % frente al 19,8 % de la población general), seguido de las enfermedades cardíacas (26 % frente al 22 % en la población general). El porcentaje de personas encarceladas en prisiones de EE. UU. de 55 años o más aumentó del 3 % en 1991 al 15 % en 2021, principalmente debido a las largas condenas. Para 2020, el 30% de las personas que cumplían condenas a cadena perpetua tenían 55 años o más, con aproximadamente 61.400 adultos mayores condenados a morir mientras estaban encarcelados. En entornos penitenciarios, las personas de 55 años o más experimentan enfermedades relacionadas con la edad, como demencia y enfermedades cardíacas, comparables a las de las personas no encarceladas de 75 años o más. Debido a que la mayoría de los pacientes encarcelados que requieren atención especializada u hospitalización son transferidos a hospitales comunitarios mientras aún están bajo custodia, muchos mueren en hospitales comunitarios bajo supervisión correccional. De 2009 a 2013, el 38,6% de las muertes entre las personas que están encarceladas en California ocurrieron en hospitales comunitarios, con porcentajes que alcanzan el 70% en algunos estados. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud y atención estándar por la Sociedad Americana del Cáncer, y los cuidados de hospicio se centran en la paliación sobre la atención curativa en los últimos meses de vida. La atención al final de la vida para la población reclusa que envejece rápidamente en Estados Unidos presenta numerosos desafíos para quienes fallecen en prisión o en hospitales comunitarios, como la desconfianza entre pacientes y profesionales sanitarios, la escasa participación familiar y el control inadecuado del dolor.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes estadounidenses, y las políticas restrictivas sobre el aborto pueden influir en el riesgo de suicidio al aumentar la incertidumbre y reducir la percepción de control sobre las trayectorias vitales, especialmente entre las adolescentes que enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al aborto. El objetivo de este estudio transversal mediante encuestas fue evaluar si la implementación de prohibiciones totales del aborto se asoció con ideación suicida e intentos de suicidio entre estudiantes femeninas de secundaria. Resultados: En este estudio transversal realizado con estudiantes de secundaria (16 años), se encontró que aquellos estados (USA) que implementaron prohibiciones totales del aborto se asociaron con un aumento de la ideación suicida entre las estudiantes, observándose estimaciones similares, aunque menos precisas, para los intentos de suicidio. Estos hallazgos sugieren que las políticas en estos estados pueden afectar negativamente a la salud mental de las adolescentes y subrayan la necesidad de servicios accesibles de prevención del suicidio y salud mental en los estados afectados.
Por Alfredo Calcedo 6 de julio de 2026
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que un profesional pueda ser suspendido de empleo y sueldo por negarse a cumplir una obligación de vacunación frente al SARS-CoV-2, siempre que la medida no entre dentro del ámbito protegido por la normativa europea contra la discriminación laboral. El fallo parte del caso de un militar italiano, oficial del Ministerio de Defensa, que fue apartado de sus funciones en 2022 tras rechazar la vacunación obligatoria impuesta al personal castrense durante la pandemia. El afectado alegó que la medida era discriminatoria, ya que solo se aplicaba a militares y no al personal civil que trabajaba en el mismo entorno. También sostuvo que su negativa respondía a convicciones personales y que la suspensión salarial le impedía mantener a su familia. Sin embargo, el TJUE rechaza estos argumentos. Considera que la diferencia de trato se basa en la pertenencia a una categoría profesional distinta, no en motivos protegidos como religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La corte europea añade que cuestionar la eficacia o los riesgos de la vacunación no equivale necesariamente a una convicción religiosa, filosófica o espiritual. Tampoco acepta que la propuesta de realizar pruebas diagnósticas cada 48 horas obligue a revisar la decisión sanitaria italiana. La resolución no supone una validación general de cualquier suspensión salarial por rechazar una vacuna, sino una respuesta acotada a una obligación impuesta al personal militar italiano en el contexto de la pandemia. La clave del fallo es que el TJUE deja fuera del ámbito de la directiva antidiscriminatoria tanto la diferencia entre militares y civiles como las objeciones basadas en argumentos científicos o de política sanitaria frente a la vacunación.