El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por un ingreso psiquiátrico forzoso

20 de noviembre de 2025

En mayo de 2021, B.M. fue ingresado de manera urgente y contra su voluntad en un centro psiquiátrico en España. Durante este proceso, no se le garantizó la asistencia letrada que había solicitado desde el primer momento, ni fue escuchado personalmente por el juez antes de autorizar su internamiento. Esta situación ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a condenar a España por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad y la seguridad personal, imponiendo al Estado una indemnización de 5.000 euros por los daños morales ocasionados.

La sentencia del TEDH no solo reconoce la violación de derechos en este caso concreto, sino que plantea un cambio legislativo profundo. El tribunal subraya que cualquier persona sometida a un ingreso psiquiátrico involuntario debe contar con asistencia legal efectiva desde el inicio, sin necesidad de solicitarla expresamente. Según el dictamen, la gravedad de lo que está en juego y la naturaleza de la enfermedad mental hacen imprescindible esta garantía, incluso cuando la privación de libertad se ajuste a la normativa nacional.

El abogado del afectado, Sanz de Bremond, destaca que esta resolución abre un debate largamente esperado: equiparar la protección jurídica de los pacientes internados forzosamente con la de las personas detenidas. Para el TEDH, la defensa letrada debe ser la regla general, no una excepción condicionada a la petición del interesado. Esta postura implica que la legislación española debe adaptarse para asegurar que los internamientos urgentes en hospitales psiquiátricos respeten todas las garantías procesales.

En definitiva, el fallo de Estrasburgo marca un precedente importante en la protección de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental y refuerza la idea de que la privación de libertad, incluso por motivos terapéuticos, exige un control judicial riguroso y la presencia de un abogado desde el primer momento.

Por Alfredo Calcedo 21 de noviembre de 2025
Estimados compañeros/as, ya estamos preparando el próximo Congreso Nacional de la SEPL, que como sabéis la sede será en Vitoria, los días 14-16 de mayo de 2026. Por dificultades en la web actual de la SEPL hemos creado para este congreso una web paralela que acoja toda la información relativa al congreso (programa, inscripciones, alojamiento y participación mediante póster). Es decir, para cualquier información relacionada con el congreso 2026, tendrás que dirigirte y consultar en esta nueva Web El enlace de contacto con esta nueva Web del congreso Vitoria 2026 es: https://psiquiatrialegal2026.com/ Disculpad las molestias. Falta terminar el programa del congreso que lo publicaremos en los próximos días. ¡Nos vemos!
Por Alfredo Calcedo 21 de noviembre de 2025
El artículo examina si la atención de afirmación de género (AAG) constituye un ejemplo contemporáneo de politización de la psiquiatría. La autora plantea que, aunque AAG se presenta como un tratamiento médicamente necesario para personas trans, la evidencia científica que lo respalda es limitada y metodológicamente débil. Además, se señalan riesgos potenciales asociados, como infertilidad, disfunción sexual y efectos adversos a largo plazo. Resumen del artículo Objetivo: Fomentar el debate sobre si la atención afirmativa de género es una política gubernamental impuesta a los psiquiatras en las primeras décadas del siglo XXI. Conclusión: La atención afirmativa de género (AAG) es un enfoque de tratamiento altamente controvertido para menores con malestar de género. La AAG posee varias características únicas que potencialmente la definen como un movimiento político más que como una intervención sanitaria, entre ellas: su disponibilidad en función de la política gubernamental en lugar de la evidencia científica; la presión percibida sobre los profesionales clínicos para implementar la AAG; el uso obligatorio de símbolos visuales y lenguaje para señalar la adhesión al modelo en el ámbito laboral; y la participación de organizaciones activistas en la orientación de su implementación en los servicios de salud. La AAG se alinea con ejemplos históricos de politización de la psiquiatría al proporcionar una fachada para que los gobiernos implementen una agenda política impopular sin recurrir abiertamente a formas manifiestas de autoritarismo. Disfrazar la AAG como un tratamiento psiquiátrico logró obstaculizar el debate público al sugerir que los psiquiatras poseen un grado de conocimiento médico sobre el malestar de género del que carece la población. Los profesionales clínicos disidentes de la atención de afirmación de género (AAG) se enfrentan a presiones sociales y temen riesgos para su empleo y su registro médico. Dos sentencias recientes del Tribunal de Familia en Australia demuestran aún más los mecanismos por los cuales la AAG se mantiene vigente gracias a los profesionales clínicos activistas apoyados por una agenda gubernamental. En resumen, el artículo sostiene que la implementación de AAG no responde únicamente a criterios médicos, sino que incorpora componentes políticos que afectan la autonomía profesional y reducen el espacio para el debate científico. La autora propone una discusión crítica sobre si estas políticas se ajustan a los principios éticos y científicos de la psiquiatría o si representan una nueva forma de su instrumentalización.
Por Alfredo Calcedo 21 de noviembre de 2025
Desde 2024–2025, siete comunidades autónomas (Baleares, Navarra, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña) han comenzado a contratar psicólogos sin PIR (Psicólogo Interno Residente) en Atención Primaria, basándose en el Máster Sanitario General Único o mediante decreto propio. En contraste, ocho comunidades han descartado esta vía (Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Murcia y Extremadura) y exigen psicólogos con PIR para Atención Primaria, argumentando cumplimiento legal. Este panorama revela una fragmentación autonómica, sin correlación con el signo político de los gobiernos : tanto regiones gobernadas por PP como por PSOE se alinean en ambos bandos. En resumen, la incorporación de psicólogos sin PIR en Atención Primaria ha generando una disputa entre impulsores —que alegan falta de profesionales y apoyo institucional— y detractores —que advierten de ilegalidad, desprofesionalización y debilidad del modelo clínico. La disparidad autonómica —sin vínculo claro con orientación política— refleja un país dividido sobre la aplicación del PIR, marcado por tensiones sociales, jurídicas y asistenciales.